Condenado a once años de prisión un sacerdote de Puente de Vallecas por agresión sexual

MADRID 11 May. – La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a once años de prisión a un sacerdote por un delito continuado de agresión sexual cometido en 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena a Wooby O. JO como autor de un delito continuado de agresión sexual.

La sentencia considera probado que el acusado, párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018, se aprovechó de su posición en la parroquia para captar a mujeres inmigrantes necesitadas de ayuda económica y alojamiento.

Según el fallo judicial, la víctima principal, una mujer colombiana llegada a España en febrero de 2022, acudió a la parroquia en busca de ayuda tras quedarse sin vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa contigua a la suya y, posteriormente, comenzó a realizarle insinuaciones sexuales.

La Audiencia da por acreditado que el religioso accedió varias veces a la vivienda utilizando sus propias llaves y la agredió sexualmente, llegando incluso a amenazarla con «darle un tiro» si contaba lo ocurrido.

El tribunal sostiene que el acusado actuó aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que esta tenía de las ayudas gestionadas por una entidad religiosa. La víctima fue diagnosticada posteriormente de trastorno por estrés postraumático.

La resolución judicial absuelve, sin embargo, al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, al considerar que los hechos relatados –comentarios, insinuaciones o comportamientos inapropiados– no alcanzaban relevancia penal suficiente.

Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras cumplir la condena y dieciocho años de inhabilitación para trabajos con menores. También deberá indemnizar a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.