Comunidad y Tragsa abordan este viernes el conflicto laboral de las Brigadas Forestales con posturas enrocadas

Gobierno regional planteará una mesa de negociación y Tragsa destaca que «no está legitimada» al ser convenio sectorial autonómico

La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa mantendrán este viernes una reunión para abordar las condiciones laborales de los efectivos de las Brigadas Forestales (BBFF) a cargo de la empresa estatal que trabajan en la región y a la que ambas partes acuden con posturas enrocadas.

A la cita, propuesta a iniciativa de la Comunidad de Madrid, está previsto que acuda el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y miembros de la dirección de Tragsa, con invitación cursada para asistir a su presidente, Jesús Casas.

Una reunión que tendrá lugar a partir de las 11.00 horas en la sede del Consejería, en la calle Alcalá, en el marco de la huelga que las Brigadas Forestales iniciaron el pasado 15 de julio para reclamar mejoras laborales –con servicios mínimos del 80%– y que han suspendido hasta el próximo 25 de agosto ante la «situación devastadora» que se está viviendo en el país por los incendios.

Se trata de unos 500 bomberos forestales –unos 350 en temporada baja– que desempeñan su labor en la Comunidad de Madrid pero son contratados por la empresa pública Tragsa, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.

El comité de empresa –formado por los sindicatos UGT, Firet y CGT– denuncia la situación de precariedad y temporalidad en la que desempeñan su trabajo y reclama mejoras laborales para el colectivo y la negociación del convenio colectivo, que no se revisa desde 2008.

Entre otras demandas, piden actualizar los salarios, congelados desde 2010, que se tenga en cuenta la peligrosidad, penosidad y toxicidad que implica su labor –no están protegidos ante agentes cancerígenos–, y acabar con la temporalidad –el 40% de la plantilla está cuatro meses al año–.

En declaraciones a Europa Press, Jesús Molina, de Firet, ha explicado que también demandan mejoras en unas bases que llevan 20 años de abandono o que se aplique la Ley 5/2024, aprobada el 8 de noviembre de 2024, algo que no hace la Comunidad de Madrid.

El Gobierno regional encargó a Tragsa en febrero de 2022 las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en tareas de extinción de incendios forestales y en determinadas intervenciones relacionadas con episodios meteorológicos adversos, un encargo que expira este año y que previsiblemente será renovado. El gasto, cofinanciable con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), llega a los 29 millones anuales, según los presupuestos regionales de este año.

En este marco, la representación de los trabajadores pide al Ejecutivo autonómico que imponga estas mejoras laborales y la negociación del convenio como condiciones para la renovación del encargo, que expira en diciembre.

En la cita de este viernes, el Gobierno autonómico propondrá a la empresa estatal que «convoque formalmente una mesa de negociación con todos los actores implicados para la próxima semana», en la que estarán presentes representantes de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se ha insistido en que ve «justas» las reivindicaciones de las Brigadas Forestales aunque se remarca «la imposibilidad legal de poder negociar sus condiciones salariales, tal y como lo ratifica un informe emitido por la Dirección General de Trabajo».

En concreto, en el mismo se recoge que, aunque Tragsa «no está legitimada para negociar» este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar «su propio convenio de empresa». En cualquier caso, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) «no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias», se determina en el informe consultado por Europa Press.

En una reunión celebrada a mediados de julio, la Comunidad ya trasladó esta «imposibilidad legal de poder negociar» a los representantes del colectivo y les anticipó que en el nuevo encargo para el próximo año «verían una serie de mejoras, como la continuidad de 12 meses de la plantilla que se contrate».

En cualquier caso, Novillo ha reiterado a lo largo de los últimos días que desde la Comunidad de Madrid se va a hacer «todo lo posible» para ayudarles en sus reivindicaciones. «Necesitamos que se dignifique a estos trabajadores que son fundamentales y forman parte de un dispositivo de más de 2.500 efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid», defendió recientemente.

Desde Tragsa han apuntado que esta empresa «no está legitimada para la negociación de un convenio colectivo sectorial autonómico», en referencia al Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid por el que se rigen estos trabajadores.

Según alegan desde la empresa pública, toda la actividad que lleva a cabo en la Comunidad de Madrid se ejecuta desde a condición del Grupo Tragsa «de medio propio instrumental, y en el marco de los encargos específicos que recibe» y «siempre que esté dentro de su objeto social, suponga una recuperación de los costes en los que la empresa incurra y se ajuste a la normativa reguladora del sector y las empresas públicas», han indicado fuentes de la empresa a Europa Press.

En cualquier caso, según Tragsa, la cita servirá para analizar la situación y la posible continuidad del actual encargo a la empresa pública para la prestación del servicio una vez que expire el que está en vigor.

En este sentido, consideran «de todo punto razonable» el encuentro, que agradecen a Novillo haber propuesto, «en tanto que debe permitir analizar la evolución del encargo transcurrido en estos años y su potencial continuidad si así lo estima la Comunidad de Madrid».

Al hilo, las mismas fuentes han subrayado que si existe un nuevo encargo con nuevas condiciones que mejoren la situación laboral de los efectivos, la empresa lo respetará. «Es una decisión que corresponde a la Comunidad de Madrid dentro de sus competencias en incendios forestales y en su capacidad de autoorganización. Los encargos para los medios propios son de ejecución obligatoria, y si se recibe un nuevo encargo se ejecutará conforme a las determinaciones que el mismo contemple», han insistido.

Así, han precisado, en caso de que la Comunidad de Madrid realice un nuevo encargo al Grupo Tragsa para este servicio se incorporarán «todas las cuestiones que el mismo detalle, siempre con sujeción a la legalidad y las normas reguladoras del sector público estatal».

En declaraciones a Europa Press Televisión, Rafael Fernández, bombero forestal y representantes de los trabajadores por UGT, ha valorado «positivamente» que se celebre la reunión, aunque mantienen la cautela hasta ver qué pasa.

«El que hoy es consejero –Carlos Novillo– y que en el año 2018 era director de la ASEM112, ya nos firmó un documento con unos acuerdos que, a día de hoy, muchos de ellos todavía no se han llevado a cabo», ha recordado para justificar esa cautela.

En cualquier caso, ha apuntado, esperan que desde la Comunidad, «bajo la responsabilidad que tiene», intentará que Tragsa «desbloquee esta situación y haya una mesa negociadora» en la que poder llegar a ciertos acuerdos. En cuanto al Gobierno regional, ha recalcado, está en sus manos decidir si renueva el encargo a Tragsa «sabiendo que de momento está inmóvil» ante las reivindicaciones de este colectivo o decide asumirlo «directamente», algo que sería la «mejor» opción y «lo más acertado» para los trabajadores.