Carmen Calvo: «Quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder» ante la justicia

MURCIA 10 Abr. –

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido este viernes en Murcia el Estado de Derecho frente a los casos de supuesta corrupción política y ha asegurado que «quien haya cometido alguna ilegalidad o actividad delictiva, debe responder: todo el mundo por igual».

Pregunta por las recientes informaciones judiciales sobre una presunta financiación irregular en el seno del PSOE, partido en el que milita, Calvo ha evitar entrar en la «controversia política» para preservar la neutralidad de su cargo, aunque ha insistido en que la responsabilidad penal no entiende de siglas ni puestos.

«Da igual si tienes cargo público o no; es más, si lo tienes determinados delitos están agravados», ha indicado Calvo a preguntas de los medios de comunicación durante una visita al Consejo Jurídico de la Región de Murcia en compañía de su presidente, Antonio Gómez Fayrén.

Al hilo, ha apelado a la «tranquilidad» de la sociedad española al subrayar que en los 48 de democracia se han registrado episodios de corrupción de «muy diferentes procedencias» que han sido resueltos por los tribunales.

«Hemos visto cómo se condena a quien está en eso. La justicia responde y eso es lo que nos da tranquilidad para seguir avanzando en una sociedad sana», ha aseverado la exvicepresidenta del Gobierno.

En otro orden de cosas, Calvo ha confirmado que el Consejo de Estado dictaminó este jueves el real decreto para la regularización de inmigrantes del Ejecutivo central.

La norma ha sido remitida este viernes al Gobierno con diversas «observaciones» de carácter técnico que, según ha indicado, buscan «mejorar» la eficacia de la ley sin suplantar la legitimidad del Ejecutivo para sacar adelante sus proyectos.

«Los dictámenes no son de control político ni de crítica, son siempre de mejora», ha explicado Calvo, quien ha recordado que el contenido del documento es propiedad de la «autoridad consultante», no del Consejo de Estado.

En este sentido, ha explicado que el papel del órgano es aportar para que la decisión «se haga con el fin que se pretende», vinculándolo a los derechos y objetivos de carácter laboral de las personas que se encuentran en el país.

Calvo también se ha referido a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, sobre el soldado español retenido por parte de Israel. En concreto, la presidenta del Consejo de Estado, aunque ha declinado comentar las manifestaciones de una diputada, ha defendido la actuación diplomática de España.

«La posición española como Estado es muy correcta; tenemos obligaciones de derecho internacional a las que nos conduce nuestra Constitución», ha afirmado, para insistir en que España «lidera» dentro de la UE la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional en una situación que ha definido como de «encrucijada histórica».

Por otro lado, Calvo ha reivindicado el papel de las instituciones consultivas para ofrecer estabilidad democrática a la ciudadanía. Acompañada por Gómez Fayrén, ha destacado que estos órganos, aunque actúen de forma «discreta y siliente», están encargados de asegurar que las normas sean acordes con la Constitución y los estatutos de autonomía.

«Somos una garantía tranquila de cómo funciona España», ha afirmado Calvo, quien ha subrayado que la función técnica de estos organismos permite que, más allá de la ideología, el ciudadano confié en que las leyes se apliquen de forma «correcta».

«Cualquiera de nosotros podemos estar o no de acuerdo con lo que decida políticamente un ayuntamiento, el Gobierno de la Región o el de la Nación, estamos en nuestro perfecto derecho; pero deberíamos de estar tranquilos en el otro lado, en el lado no político, en el lado técnico», ha señalado.

Calvo ha aprovechado su visita para poner en valor los 500 años de historia del Consejo de Estado, creado por Carlos V, y ha destacado su capacidad de permanencia a través de distintas dinastías y regímenes políticos.

Por su parte, Gómez Fayrén ha calificado de «histórica» la visita, al ser la primera vez que la presidencia del Consejo de Estado acude oficialmente a la sede del órgano murciano en sus tres décadas de historia, y ha resaltado que, pese a contar con una plantilla de menos de 20 personas, el Consejo emite unos 400 dictámenes anuales.