Canarias destinó 155 millones a menores migrantes en 2025 y empieza a cerrar centros gracias a la derivación a CCAA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. –

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha cifrado este viernes en 155 millones de euros el coste de atención a los menores migrantes en las islas en 2025 si bien ha reconocido que la red de acogida se está redimensionando con el cierre de algunos centros gracias a la derivación a otras comunidades autónomas.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha comentado que ya han salidos de las islas un total de 719 menores a otras comunidades autónomas por la vía del artículo 35 de la ley de extranjería de tal forma que el archipiélago ha pasado de 4.389 menores tutelados a 3.337.

No obstante, ha reconocido que la media de ocupación de los centros «sigue siendo alta», en torno al 123%, aunque no al «160 o 170%» que estaba en 2025.

Ha reprochado a la portavoz de Vox, Paula Jover, «el discurso fácil de poner precio a un niño» para cuestionar su atención cuando están en una situación de «alta vulnerabilidad» y además es una «obligación legal» para Canarias.

En esa línea ha insistido en que no se trata de una «simple factura contable» ni de gestionar «mercancías ni balances de una empresa privada», pero ha dejado claro que el Ejecutivo no gasta «mal» ya que Canarias es una de las comunidades con menor gasto por plaza.

La consejera ha vuelto a exigir al Estado y a las comunidades autónomas que se mantenga la derivación de menores migrantes y especialmente a Vox que se cumpla la ley en Extremadura y Aragón y que no ayude a convertir a Canarias «en una cárcel de Europa» con la aplicación del nuevo pacto de asilo.

Jover ha cargado contra los «gastos millonarios» en la atención a menores migrantes, y no solo en los centros de acogida, sino también desde la Consejería de Educación con «apoyos lingüísticos, libros, material, comedor, gasto sanitario o gasto de asistencia».

Por ello ha reclamado a Delgado «eficiencia y racionalización del gasto», ha achacado a los menores migrantes el hacinamiento en el transporte público a raíz de lo gratuidad y reprobado que se destine un gasto 14 veces mayor al de las ayudas de vivienda para jóvenes.

Igualmente ha indicado que padres de menores nacionales tutelados por la comunidad autónoma «compran ropa a sus hijos» cuando los menores migrantes «van con primeras marcas» que «una familia canaria no se puede permitir», lo mismo que entradas en parques acuáticos de ocio.