Camarero defiende que el Consell tome «cartas en el asunto» contra la CHJ ante vertidos: «No lo podemos estar tolerando»

VALÈNCIA 4 Jun. –

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha defendido que el gobierno valenciano «tome cartas en el asunto» y denuncie a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el vertido de residuos y vehículos amontonados junto al barranco del Poyo en Riba-roja (Valencia), al tiempo que ha asegurado que tendrá que ser el organismo estatal quien dé «las explicaciones de qué es lo que está pasando». «No lo podemos estar tolerando», ha justificado.

En declaraciones a los medios este miércoles tras el acto de presentación de la Estrategia Energética de la Comunitat Valenciana, Camarero ha hecho hincapié en que estos hechos «pueden ser constitutivos de un delito medioambiental» y ha sostenido que existen «pruebas testificales, fotos y vídeos» que demuestran que esta situación «se está produciendo», además de «testificales de obreros que están allí trabajando y diciendo para quién están trabajando».

La Generalitat ha formalizado dos denuncias, una por los residuos y otra por los vehículos, a fin de que se «determine si existe un posible delito medioambiental ante la más que evidente dejadez de funciones y mala praxis en la gestión», según ha explicado el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

En este marco, Susana Camarero ha indicado que ahora «tendrá que ser la autoridad judicial la que investigue». «Pero es una cuestión importante que nos preocupa. No podemos estar tolerando que puedan estar produciéndose delitos medioambientales sin tomar cartas en el asunto», ha argumentado.

La vicepresidenta del Consell ha expuesto que, tras haber recibido un informe sobre unos vertidos descubiertos «por parte de los técnicos de Medioambiente», se puso en conocimiento «ya hace unos días» del Seprona. «Hay una parcela de siete hectáreas donde se veía que se estaban tapando. Por lo tanto, se avisa al Seprona para que estudie si esto puede ser constitutivo de un delito medioambiental», ha expuesto.

También se dio aviso, ha explicado, tras haber «descubierto tanto en los cauces como en una parcela aledaña más de 300 vehículos siniestrados de la dana», lo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.

«Cuando uno detecta una cuestión que puede provocar y puede ser motivo de un delito medioambiental, tiene la obligación, en este caso la Conselleria, de ponerlo en conocimiento del Seprona y de la autoridad judicial, como se ha hecho yendo a la Fiscalía para que investigue qué está pasando», ha señalado.

Según Camarero, «es un hecho que hay una parcela donde se están enterrando residuos y es un hecho que hay más de 300 vehículos entre la parcela y los cauces de los barrancos propiedad de la Confederación –Hidrográfica del Júcar–«. Por ello, ha continuado, «tendrá que decir tanto a la Guardia Civil a través del Seprona como la Fiscalía tendrá que investigar quién es el responsable de esos vertidos».

«Es una realidad que hay todavía coches en los ríos», ha advertido la vicepresidenta primera del Consell, que en este punto ha aprovechado para resaltar que la Generalitat ha retirado en dos fases «130.000 coches que habían sido dañados» por la dana. «Primero salieron de los municipios y de las vías públicas y se pusieron en campas intermedias, y después en los desguaces», ha concretado.

Además, ha puesto en valor que el gobierno valenciano «ha retirado un millón de toneladas de escombros y enseres de las localidades afectadas con una inversión de 180 millones de euros». «Esto es la realidad de lo que ha hecho la Generalitat y vemos que todavía en los cauces y barrancos responsabilidad de la Confederación siguen habiendo coches», ha denunciado.

Por eso mismo, ha asegurado que tendrá que ser la CHJ quien tenga que «dar una respuesta»: «Será la Confederación, a instancias del Seprona y a instancias de Fiscalía, los que tendrán que dar las explicaciones de qué es lo que está pasando».

«Nosotros lo que hacemos es denunciar lo que hemos visto y serán las autoridades competentes y los responsables, en este caso de la Confederación y del Ministerio, los que tendrán que explicar por qué esto se está produciendo y quién es el responsable tanto de la parcela como de lo que ahí está pasando», ha sostenido.