Bruselas pide evaluación legal y financiera de petición de España de impartir catalán a españoles en Escuelas Europeas

BRUSELAS, 14

La Comisión Europea ha pedido una evaluación del impacto legal, financiero y práctico que tendría la última petición del Gobierno para que el catalán –no así el euskera ni el gallego– sea impartido como asignatura optativa para los alumnos españoles en las Escuelas Europeas, independientemente de la sección lingüística en la que estén matriculados.

Bruselas, que forma parte de la Junta Directiva que examina la propuesta, quiere contar con estos análisis para poder estudiar la cuestión habida cuenta de que la inclusión del catalán «podría sentar un precedente» para otras lenguas en la Unión Europea, según han informado fuentes comunitarias a Europa Press.

El asunto fue discutido el jueves en el Comité Conjunto de Enseñanza de las Escuelas Europeas y quedó patente que la iniciativa podría ser compatible con el proyecto educativo, pero también se plantearon dudas legales y financieras, así como la falta de evaluaciones de impacto para medir el alcance de tal decisión.

En todo caso, la opinión de esta Junta no es vinculante y la decisión, de producirse, no llegará hasta al menos el mes de abril, cuando se reúna el Consejo de Gobernadores, del que forman parte los Estados miembro, el profesorado y padres de alumnos y también la Comisión Europea y la Oficina Europea de Patentes. Sobre el calendario, las fuentes consultadas por Europa Press consideran que «aún no está claro» que la propuesta sea sometida a votación en la reunión del 9 de abril.

Las Escuelas Europeas son centros educativos creados conjuntamente por los Estados miembro para ofrecer una educación «multicultural y multilingüe» y escolarizar, de forma prioritaria, a los hijos de los funcionarios de la Unión Europea y otros nacionales desplazados. Su estatus jurídico se corresponde con el de la enseñanza pública en los respectivos países en los que se encuentran y abarcan desde la Educación Infantil hasta la Secundaria.

En concreto, el documento remitido por el Gobierno y al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que las Escuelas Europeas incluyan el catalán en la categoría de «Otra Lengua Nacional» (ONL, por sus siglas en inglés) siguiendo el ejemplo de otros países con más de un idioma nacional reconocido, como es el caso del maltés o el gaélico.

Además, indica que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes «está dispuesto a cubrir los gastos que pueda implicar esta propuesta», aunque no ofrece cifras del alcance que tendría el proyecto, ni en número de alumnos ni a nivel presupuestario.

Entre los argumentos remitidos figura que el catalán es un idioma cooficial en España reconocido por la Constitución, hablado por «diez millones de personas» en «varias regiones» y que es una lengua «activa y moderna, fuertemente presente en la administración, los medios de comunicación, la educación, la actividad cultural y en Internet».

También, según asegura el Ejecutivo, ofrecer el catalán como ONL «facilitaría la transición de regreso al país de origen para los alumnos que deseen continuar sus estudios superiores o carreras en la administración pública u otros sectores en catalán en su país de origen».

CATALÁN EN LA UE, COMPROMISO CON JUNTS

El reconocimiento del catalán como una lengua oficial de la Unión Europea es uno de los compromisos asumidos por el PSOE con Junts en el acuerdo de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; pero este paso requiere una reforma del reglamento de lenguas comunitarias acordada por unanimidad por los Veintisiete, que choca con las reservas de varios países que temen el precedente.

Durante el semestre en que España ejerció la presidencia de turno del Consejo de la UE, el Gobierno aprovechó para incluir la oficialidad del catalán, euskera y gallego en el orden del día de varias reuniones de ministros de Asuntos Generales de la UE, y defendió la especificidad del caso español con tres lenguas regionales cooficiales, planteó una aplicación gradual (empezando por el catalán) y se ofreció a asumir los costes.

Los países más reticentes al cambio del reglamento reclaman antes de volver a abordar este asunto que se pongan sobre la mesa un análisis jurídico sobre la eventual inclusión de lenguas regionales, así como evaluaciones de impacto sobre su coste y su aplicación práctica, aunque por el momento la tarea no está asignada a ningún grupo de trabajo en el Consejo.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que se permita el uso del catalán, gallego y euskera en los plenos de la Eurocámara, siguiendo el ejemplo de otros acuerdos administrativos que España ya tiene con otras instituciones comunitarias como la Comisión Europea o el Comité de las Regiones de la UE. En este caso, un grupo de trabajo de la Mesa está analizando la petición por encargo de Metsola, aunque no hay un calendario establecido para concluir el proceso.

En diciembre de 2023, la Comisión Europea estimó en un informe preliminar que reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europeo tendría un coste anual de unos 132 millones de euros (alrededor de 44 millones por año y lengua), si bien dejó claro que era un cálculo en base a la experiencia con el gaélico cuando se convirtió en lengua oficial y de trabajo en la UE y, por tanto, no tenía en cuenta las especificidades del caso español.

Entonces, Bruselas se mostró dispuesta a realizar un estudio más detallado pero este trabajo no ha tenido lugar aún. A preguntas de Europa Press, fuentes comunitarias han explicado que, «si así se le solicita», la Comisión realizará una «ficha financiera completa dentro de un proceso interinstitucional», pero lo hará «una vez que el Consejo tenga una posición formal sobre el asunto y las autoridades españolas hayan indicado cuál es su planteamiento sobre una serie de asuntos, por ejemplo sobre un régimen transitorio».