Bolaños «discrepa» de la sentencia a García Ortiz: «Las dudas que tenía se mantienen»

El PP tilda el fallo de «demoledor» y acusa al ex fiscal general de actuar «al dictado del Gobierno»

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que, pese a mostrar «absoluto respeto» por la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «discrepa» profundamente del fallo; mientras que varios diputados del PP han asegurado que es «demoledor» y le pone «en el sitio de los delincuentes».

En la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso, Bolaños ha reiterado su «respeto absoluto» a las instituciones y a la Justicia y ha remarcado que el Gobierno «acata» la resolución y ha resaltado que ya habían nombrado a una nueva fiscal general sin que se conociera el contenido íntegro la sentencia.

No obstante, ha explicado que, tras leer el fallo, «las dudas que tenía se mantienen» y considera que cabía «una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba».

El máximo responsable de Justicia ha subrayado también que comparte varios elementos que recoge la sentencia, como que el abogado de Alberto García Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, «reconoció que había cometido dos delitos fiscales»; que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «mintió abiertamente»; que el ex fiscal general «sacó una nota en la que contaba la verdad y desmentía un bulo»; y que tiene «una trayectoria jurídica brillante y dedicación al servicio público».

Por el contrario, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha replicado que García Ortiz ha actuado «al dictado del Gobierno» y ha sido inhabilitado «por delincuente» y ha acusado a Bolaños de haberle defendido «hasta el final» y de, por tanto, haber hecho un «ridículo histórico».

Además, ha afirmado que el ex fiscal general «quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación», que actuó «al dictado del Gobierno», que «destruyó su teléfono móvil» y «borró su correo electrónico para evitar la acción de la justicia».

A continuación, Tellado ha asegurado que Bolaños «no veía nada» de casos que afectan al entorno de Pedro Sánchez, como «los negocios en la Moncloa» de su esposa, Begoña Gómez; lo que hacía el hermano del presidente, David Sánchez, «escondido en el Palacio»; o lo que hacían los dos ex secretarios de Organización del PSOE, acusados de graves delitos de corrupción. Por ello, ha concluido que el Ejecutivo está «acabado y finiquitado».

En el mismo debate, la diputada del PP Cuca Gamarra ha acusado al Gobierno de situarse «por encima de los contrapesos», de «reinterpretar las sentencias» y de «reescribir las leyes a medida». También ha afirmado que para el Ejecutivo «ejercicio democrático es una Fiscalía general que luego destruye las pruebas, qué curioso, de manera artesanal y coordinada con ustedes».

Gamarra ha denunciado también que el Ejecutivo central «anula la acción popular» para que «los casos de corrupción que le rodean y a la familia del presidente se queden en los cajones».

La parlamentaria ‘popular’ ha acusado al Gobierno de «prometer independencia judicial mientras maniobra para controlar la Justicia» y de gestionar la corrupción «como un problema de comunicación y no de delitos». Y ha resumido el balance del año como «un ejercicio de absoluta regresión democrática».

En su respuesta, el ministro ha defendido que la libertad de expresión es «un derecho sagrado» y ha recordado declaraciones durante su mandato del expresidente del Gobierno José María Aznar y de su ministro del Interior y Justicia Ángel Acebes sobre que «la doctrina del Tribunal Supremo lesiona muy gravemente las competencias que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno».

Y por ello Bolaños ha apostillado que «por supuesto que desde la libertad de expresión se puede discrepar de la sentencia del Tribunal Supremo y de las resoluciones».

Asimismo, ha reprochado al partido de Gamarra que solo acepte esa discrepancia «si los inspectores de Hacienda persiguen al Partido Popular, si los fiscales persiguen al Partido Popular y si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del Partido Popular».

El titular de Presidencia ha concluido pidiendo al PP que respete también «a los miles, cientos de miles de militantes socialistas honrados y honestos que trabajan cada día para que España sea mejor», y ha añadido: «quien pueda respetar, que respete».