
Bernabé exige a Barcala asumir responsabilidades por la polémica de las viviendas sociales en Alicante: «Es indecente»
Publicado 30 Jan 2026 14:16
Acusa al PP de un mal uso de los «privilegios» políticos y pone como ejemplo a Mazón
VALÈNCIA, 30 Ene. –
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reclamado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que asuma responsabilidades tras la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. «Es indecente», ha advertido, y ha reivindicado que «la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios».
Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, después de que la directora general de Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, haya dimitido de su cargo a raíz de que ‘Información’ publicara que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal «han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas» adjudicadas en Playa de Sanjuán.
Bernabé (PSOE) ha señalado que esta polémica «es una muestra clara de un mal uso y de una apropiación de una ventaja» que la directora general dimitida «tiene como responsable política», cuando ha defendido que «estamos en tiempos en los que es más importante que nunca hacer y conseguir que la ciudadanía confíe en la política. Y la política está para mejorar la vida de las personas».
Tras recordar que uno de los principales problemas es el de la vivienda, ha lamentado que se llegue «a pervertir el sistema de esta manera para que al final tus dos hijos y tu sobrino tengan un piso». «Yo espero, y desde luego no puede ser de otra manera, que el señor Barcala tiene que asumir responsabilidades porque este mensaje no se puede dar», ha agregado.
La también líder del PSPV en València ha defendido que los políticos están «para servir a la ciudadanía, no para aprovecharlo y para tener privilegios, y lo que han hecho en el Ayuntamiento de Alicante es confundir el gobierno y la responsabilidad pública con los privilegios».
Además, ha sostenido que «últimamente el Partido Popular da mala comunicación con respecto a lo que es el gobierno y lo que son los privilegios». Como ejemplo ha apuntado a Carlos Mazón, quien tiene como «principal privilegio» el estatuto de ‘expresident’ de la Generalitat, con el que ha criticado que «está escudado en un aforamiento para no ir a la jueza de Catarroja» que investiga la gestión de la dana.
Por otro lado, Bernabé ha aprovechado para criticar la política de vivienda de la alcaldesa de València, la ‘popular’ Mª José Catalá. «El plan de vivienda de Catalá es un fraude y una operación de maquillaje, porque la realidad es inapelable y es que la empresa pública Aumsa ha entregado 17 viviendas en tres años según su página web», ha aseverado.
También ha calificado como «extrañas» las baremaciones y medidas anunciadas esta semana por Catalá. Según anunció esta semana la primera edil, el Ayuntamiento de València ampliará hasta 45 años el límite de edad para optar al acceso prioritario a un alquiler asequible en la ciudad y establecerá un periodo mínimo de siete años de empadronamiento para poder solicitarlo.
«Siete años tienes que estar empadronado en València para poder acceder a esa vivienda. ¡Qué casualidad! Justo hace un mes que ha cumplido María José Catalá los siete años empadronada en la ciudad de Valencia», ha lanzado, y se ha preguntado si «de verdad un valenciano o una valenciana no tiene derecho a una vivienda si no lleva siete años empadronada».
Para Bernabé, se trata de medidas «sin ningún rigor, sin ninguna sensibilidad y, sobre todo, no para solucionar el problema de la vivienda». «Solo genera colapso, el colapso que estamos viendo en el acceso a la vivienda, como el colapso que vemos cada día en el padrón del Ayuntamiento de València», ha añadido.
Y ha exigido a Catalá que el padrón no se convierta «en un tapón» en el proceso de regularización de inmigrantes aprobado esta semana por el Gobierno central.
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