Asociación Pro Derechos Humanos pide al Parlamento europeo que «se ponga fin» a los asentamientos de Huelva y Almería

HUELVA 14 May. –

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha enviado formalmente una carta a todos los grupos políticos del Parlamento Europeo y le ha remitido el Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur. Las fronteras internas de Andalucía: vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’, con el objetivo de que «se ponga fin a dos décadas de explotación en los asentamientos agrícolas de Huelva y Almería».

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Apdha ha asegurado que en dicho informe se documenta «rigurosamente» las condiciones de vida que «experimentan miles de trabajadores y trabajadoras migrantes, quienes constituyen una mano de obra imprescindible para una industria agroalimentaria que ha convertido a los invernaderos andaluces en la huerta de Europa».

Así, hace escasamente dos semanas el contenido del documento fue transmitido a aquellos grupos y partidos políticos que participaron en un encuentro organizado por Ecologistas en Acción junto a otras entidades y colectivos que alertan sobre «la situación que se vive en los invernaderos de Huelva y Almería».

La entidad hizo público el pasado mes de enero su Informe Frontera Sur 2025, un trabajo de campo elaborado a lo largo de 2024 y que documenta «la crítica situación en la que viven miles de personas migrantes trabajadoras del campo en los asentamientos chabolistas de las provincias de Almería y Huelva». La investigación, que se nutre de datos que son fruto de más de una década de trabajo en el terreno, se centra en «las condiciones de vida, las respuestas institucionales y las consecuencias de un modelo agroindustrial que se sostiene sobre la vulneración sistemática de los derechos humanos».

Durante la investigación se desarrollaron tres líneas de análisis: entrevistas a personas que habitan en los asentamientos, diálogos con organizaciones sociales que intervienen en el territorio y entrevistas a representantes de la administración pública.

Los resultados, según ha indicado la entidad, revelan «una gestión institucional marcada por la opacidad, la falta de transparencia en los datos, la ausencia de soluciones habitacionales (incluso en casos de desalojos con menores) y una gestión ineficaz que vulnera el acceso a derechos fundamentales como el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria».

En este sentido, la Apdha ha subrayado que la administración pública «no solo es conocedora de la situación, sino que la permite y delega su responsabilidad en organizaciones no gubernamentales a través de infrafinanciación limitada y temporal». «Además, se ha podido constatar cómo, una vez finalizado el periodo de financiación, cesa la intervención y se perpetúa así un ciclo de abandono institucional», han criticado desde la asociación.

Además, la entidad ha señalado que las personas migrantes «trabajan bajo el plástico y viven bajo el plástico, sin acceso a agua potable, electricidad, saneamiento ni condiciones laborales dignas» y «uno de los aspectos más alarmantes es el uso de envases de agroquímicos para almacenar agua de uso doméstico», lo que supone «un grave riesgo para la salud».

Por otro lado, para la asociación «otro eje de vulneración» es el derecho al empadronamiento, ya que «las administraciones locales niegan este derecho sistemáticamente, dificultando así el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o la regularización administrativa».

Por todo ello, la organización reclama «con urgencia» un debate político y jurídico a nivel europeo sobre una normativa comunitaria que «respete los derechos humanos de las personas migradas y trabajadoras en la industria agrícola». La producción agroindustrial española abastece a buena parte de Europa, por lo que «el problema debe abordarse desde una responsabilidad colectiva».

Pro Derechos Humanos de Andalucía ha puesto toda esta información a disposición de los eurodiputados y eurodiputadas y les ha instado a actuar «urgentemente» para «revertir una situación que afecta gravemente a los derechos de miles de personas».