Aragón anuncia que recurrirá el real decreto de reparto de menores migrantes

ZARAGOZA 3 Sep. –

El Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles, a propuesta de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que detalla la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados en las diferentes comunidades autónomas para derivarlos desde aquellas que estén saturadas, como Canarias o Ceuta.

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno del curso político, la portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha asegurado que el sistema de reparto de estos menores «conculca principios tan importantes como la igualdad y la solidaridad», y se está haciendo «de forma totalmente forzosa, impuesto y sin tener en cuenta la capacidad que tienen las comunidades autónomas».

En todo caso, ha afirmado que «lo más importante» es que pone «en riesgo» el bienestar de estos menores al «tensionar» a las autonomías, en lo que ha calificado como una «absoluta irresponsabilidad» del Gobierno de España.

Atendiendo a la capacidad ordinaria de acogida que recoge la norma, Aragón podría recibir hasta 251 menores más, si bien la portavoz del Ejecutivo autonómico ha dicho que no tienen «absolutamente ninguna información» sobre cómo van a ir llegando, qué edades tienen estos niños o sus situaciones personales.

«Aragón no tiene capacidad para acoger en unas condiciones dignas a 251 menores y hacerlo además con la total y absoluta falta de colaboración del Gobierno de España, que se está desentendiendo de la mayor crisis migratoria», ha aseverado.

En este sentido, la también vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha afirmado que «algunos de ellos pueden tener problemas de conducta», que «no son iguales las necesidades de menores de 14 años que los de 16» o que incluso algunos llegan con problemas de discapacidad.

«Si estamos llevando a cabo el recurso es porque es una imposición que se hace forzosa, una falta absoluta de colaboración, sin conocer la falta de capacidad de las comunidades autónomas», ha reiterado, añadiendo que esta manera de actuar «unilateralmente» causa «muchísima preocupación», también en las entidades que se ocupan del cuidado de estos menores por la «falta de planificación».

Vaquero ha recalcado que el Gobierno de Aragón no es «insumiso» y que cumplirá la ley, pero ello no impide que se oponga y que cuestione un reparto en el que el interés del presidente Sánchez «prima por encima del interés superior del menor».

De este modo, ha indicado que la Consejería de Bienestar Social y Familia sigue trabajando con las entidades locales en la acogida de los menores que lleguen, a pesar de hacerlo «sin ningún tipo de colaboración» por la «deslealtad» del Gobierno de España.

Ello, ha continuado, «nos tendría que preocupar a todos y hacernos pensar qué Gobierno de España tenemos: un Gobierno que está utilizando a menores en un contexto de crisis migratoria sin ningún tipo de sensibilidad, sin ningún tipo de solidaridad, ni siquiera de dignidad y amparándose en un reparto con claros sesgos xenófobos».

En definitiva, ha sentenciado, Sánchez utiliza a los menores «para seguir ocupando el poder en la Moncloa», algo que ha lamentado porque «hablamos de personas, de menores que están siendo utilizados como moneda de cambio, tensionando a las comunidades autónomas».

En palabras de la vicepresidenta, el Ejecutivo de Sánchez «ha desnaturalizado totalmente y deshumanizado la realidad que existe detrás de cada uno de estos menores porque para él simplemente es una moneda de cambio».

Por otro lado, Vaquero ha rechazado recurrir a macrocentros para alojar a estos menores porque «no es la solución» ya que conllevaría «hacinar» a estos niños.

Además, ha recordado que «el problema no solamente es el lugar para que estos menores puedan estar», sino que hay que contratar profesionales que les puedan atender.

Este recurso se une a varios contenciosos presentados previamente por el Gobierno de Aragón ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Nacional –contra el real decreto ley publicado en marzo–, a un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite en primavera y otro contencioso ante el Tribunal Supremo contra el anterior decreto, cuya admisión ha sido comunicada en las últimas horas.