Amnistía Internacional censura los «macrocentros» de menores migrantes en Canarias y alerta de «descoordinación»

Documenta agresiones, falta de formación de los trabajadores, hacinamiento y dificultades para un itinerario de formación

Amnistía Internacional ha cuestionado este viernes el modelo de «macrocentros» de menores migrantes abiertos en Canarias en los últimos años –más de ochenta– y ha alertado de la «descoordinación» entre administraciones, cuerpos de seguridad y judiciales e incluso provincias.

En una comparecencia en una comisión del Parlamento de Canarias con motivo de la presentación del informe ‘A día de hoy no tengo nada. El fracaso del sistema para proteger a los y las menores llegados a Canarias’ la organización ha advertido también de que muchos menores son objeto violaciones de derechos humanos como explotación laboral, violencia sexual o explotación sexual, con captación en redes de trata en el caso de las niñas.

La responsable de investigación, Virginia Álvarez, ha apuntado que hace un «seguimiento cercano» de la situación en Canarias desde 2021, cuando se reactivó la ‘ruta canaria’ y ha incidido en la «vulnerabilidad» de los menores que llegan a las costas del archipiélago, pues al menos la mitad, según cálculos de Acnur, necesitan de protección internacional.

La organización tiene documentadas acciones de «violencia contra los menores» por parte de los trabajadores de los centros, el incumplimiento de las ratios de 20 plazas –hay uno en Tenerife con más de 400– la falta de una evaluación individualizada de cada menor y la imposibilidad de acometer labores educativas.

De hecho, aparte de los que vienen de países en guerra como Mali o Sudán, hay otros que «huyen» de situaciones de violencia en Senegal o Marruecos, y también precisan de protección.

Álvarez, que ha avanzado que el informe ha sido trasladado a las autoridades, ha apuntado que debe garantizarse que el menor «es oído y cuenta con las información adecuada, incluyendo asistencia jurídica gratuita».

Asimismo entiende que las administraciones públicas evitar medidas que «infrinjan» sus derechos y al mismo tiempo proveerles de atención y alojamiento, formación, atención en caso de discapacidad y «buscar una solución duradera» para facilitar su integración con el resto de la población.

En esa línea ha comentado que es fundamental garantizar la formación de todos los profesionales implicados en el proceso caso de cuerpos policiales, médicos, letrados, intérpretes, jueces o fiscales.

Desde Amnistía Internacional han advertido también del «grave fallo de responsabilidad compartida» que hay entre el Gobierno central y las comunidades autónomas a cuenta de la distribución de los menores y han valorado como un «interesante toque de atención» que el Tribunal Supremo obliga al Estado a hacerse cargo de los demandantes de asilo.

Álvarez ha reconocido la falta de formación de buena parte de los trabajadores de los centros pero al mismo tiempo entiende que no puede servir de «excusa» pues el Gobierno canario tiene que incrementar las actividades de formación o, en su defecto, aumentar las inspecciones, pues solo ha realizado 27 en cuatro años.

Ha indicado también que se incumple la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia en España (Lopivi) porque los menores no tienen confidencialidad para hacer denuncias y que no hay diligencia a la hora de hacer las identificaciones.

En se sentido ha resaltado que se ha documentado la existencia de menores en el centro de adultos de Las Raíces (Tenerife) y la Fiscalía lo ha aceptado «a sabiendas» por lo que ha insistido en su demanda de que haya más coordinación para obtener la documentación.

Álvarez ha cargado contra la utilización de los niños como «herramienta política» con «discursos de odio» que «criminalizan» a todo un colectivo de ahí que haya pedido «contención» en los discursos de las formaciones políticas.

Ha asumido que el sistema de acogida canario «está sobrepasado» pero cree que «se puede mejorar» con una apuesta por los estudios individualizados de cara a su integración. «Los niños africanos tienen ganas de integrarse y no perder el tiempo», ha comentado.

Cuestionada por el racismo, ha puesto como ejemplo que «nadie sabe» el número de menores ucranianos acogidos en España tras la invasión rusa –casi 4.000– y «no han sido objeto de debate político, nadie los ha planteado como problema». «¿Será que los niños ucranianos no han sido un problema porque son rubios?», se ha preguntado.

Álvarez también ha reclamado a la UE más «transparencia» con la firma de acuerdos con países africanos donde se producen violaciones de derechos humanos como Libia o Marruecos pues en mucha ocasiones se desconoce adonde a parar el dinero. «Se están financiando muchos dictadores en África y nadie dice nada», ha destacado.

Ha reclamado «vías legales y seguras» para llegar desde África a Europa pues «nadie debería jugarse la vida».

En ese sentido ha dicho que es «imposible» que se le conceda un visado a un africano para viajar a España y ha puesto como ejemplo que un cantante senegalés, residente, lleva cinco años para poder reagrupar a su mujer.

«Hay que revisar todos los procedimientos, si solo se apuesta por cerrar fronteras vamos a tener el mismo problema», ha comentado, pues cuando «se intenta tapar un agujero salta otro», en referencia a que a Canarias están llegando personas de Oriente Medio.

Sobre el pacto migratorio de la UE ha apuntado que «si las cosas no se hacen bien Canarias se puede ver en una situación muy complicada» y ha puesto el foco en la migración femenina, que en muchas ocasiones sufren agresiones sexuales durante el viaje o acaban en redes de trata porque «no pueden migrar de otra manera». «Tiene que haber una reflexión, la UE está dañando la migración femenina», ha señalado.