Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea de Angrois tras avisos de maquinistas por el estado de la vía

La limitación se establece entre los puntos 56,200 y 84,200 por «defectos de geometría en aparatos de dilatación»

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. –

Adif ha limitado temporalmente la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, tras avisos de maquinistas por el estado de la vía.

En concreto, la reducción del máximo al que pueden circular los trenes por esta línea pasa de 300 a 220 kilómetros por hora, «por defectos de geometría en aparatos de dilatación», en el tramo que va del punto kilométrico 56,200 al 84,200, según informan a Europa Press fuentes conocedoras de esta decisión.

Por su parte, fuentes de Adif explican que esta medida responde al procedimiento de seguridad de la empresa ferroviaria, que indica que se aplica «automáticamente» una limitación temporal de velocidad cuando existe una alerta por vibraciones como la que ha sido trasladado en esta línea.

Cuando los equipos de mantenimiento pueden, habitualmente de noche, acuden a comprobar el estado de la vía. Es decir, los responsables de circulación de Adif avisan a mantenimiento y estos van cuando no hay trenes en servicio.

El descarrilamiento de un Alvia en esta línea hace 13 años se produjo en el punto kilométrico 84,413, al inicio de una curva, la de A Grandeira, en la que el maquinista debía pasar de 200 a 80 kilómetros por hora sin contar con el máximo sistema de seguridad, el ‘ERTMS’, que habría frenado el convoy en caso de fallo humano.

Murieron 80 personas y 143 resultaron heridas, y la jueza condenó tanto al maquinista como al ex director de seguridad de Adif, por imprudencia profesional grave, por el exceso de velocidad y por la ausencia de un análisis de riesgo en ese tramo, respectivamente.

Las limitaciones temporales de velocidad (LTV), como las que se han activado esta semana en Cataluña y Valencia, son restricciones transitorias impuestas al límite máximo de velocidad de un tren en un tramo determinado por motivos de seguridad, según explica el Ministerio de Transportes.

«Es un procedimiento estándar que Adif implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales (intervenciones temporales en la infraestructura, circunstancias meteorológicas, detecciones de defectos en la vía…) y que se regulan en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015», explica el departamento en un documento remitido a los medios de comunicación este jueves por la Delegación del Gobierno.

Este documento se distribuye en medio del debate sobre el estado de la red ferroviaria y tras los siniestros ferroviarios que han ocasionado 45 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y uno en Gelida (Barcelona).

«Son medidas preventivas que se adoptan y se levantan cuando se verifica que no existe riesgo. En la alta velocidad, estas LTV se actualizan cada hora. El número de LTV es un parámetro técnico, que depende de factores operativos, y no puede ser usado como un indicador estadístico de la calidad de la infraestructura», precisa el texto.

«En todo caso, el número de activaciones se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar del incremento de tamaño de la red y del número de pasajeros. En 2025, estas limitaciones se activaron 2.144 veces, 50 menos que en el año anterior», destaca.

El informe, distribuido por la Delegación un día después de la rueda de prensa del ministro Óscar Puente, también recoge datos sobre accidentes, y así precisa que el de Angrois el 24 de julio de 2013 consistió en el descarrilamiento de «un tren Alvia de alta velocidad» en una curva a 3 kilómetros de la estación de Santiago.

«En octubre de 2015 se cerró la instrucción, aunque en mayo de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrirla. El proceso culminó el 26 de julio de 2024, con la sentencia del Juzgado Penal de Santiago. Hasta la sentencia pasaron 11 años. Sin embargo, se interpuso recurso ante la Audiencia Provincial, pendiente de resolución, de modo que lleva abierto 12 años y 5 meses», constata.