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Publicado 28 May 2026 15:34

· Fuente: Europa Press
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TOLEDO 28 May. –

Los grupos parlamentarios de Vox y del PP han acusado este jueves al PSOE, en el pleno de las Cortes, de «llegar tarde» en su modelo para regular la implantación de plantas de biometano en Castilla-La Mancha, mientras que los socialistas defienden su regulación, que es la «más estricta, más garantista y más progresista de toda España».

El diputado de Vox Luis Blázquez ha rechazado el «dogmatismo ideológico y la hipocresía» del PP y del PSOE en este asunto: «primero impulsan políticas energéticas, luego hay una avalancha de proyectos y, por ultimo, cuando los vecinos se revelan, les entran las prisas por buscar apoyo porque lo que tenían planteado se les revuelve».

«Eso es exactamente lo que les está pasando con el biometano», ha dicho, para añadir que Vox no está en contra del biometano, la valorización energética de residuos, la innovación tecnológica o de que existan oportunidades industriales ligadas al sector agrogranadero, pero sí de «convertir a Castilla-La Mancha en el vertedero energético de España».

Bajo su puno de vista, una cosa es una planta «proporcionada, equilibrada e integrada» en el terreno y que sea compatible con el entorno agrícola y respetuosa con los pueblos, «y otra cosa muy distinta es la proliferación descontrolada de macro proyectos impulsados únicamente por unos intereses especulativos o por el negocio de determinadas empresas vinculadas a las subvenciones verdes».

«Esto mismo es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con las plantas solares», ha subrayado, para añadir que Vox defiende lo contrario que PP y PSOE, al abogar por la proporcionalidad, el equilibrio territorial, la protección del medio rural, la defensa de la actividad agrícola, ganadera y el respeto absoluto al interés general de los vecinos del medio rural.

Por ello, la resolución de Vox, que ha sido rechazada, pide que las plantas de biometano no se implanten «masivamente» sin planificación, que se tenga en cuenta la voluntad de los municipios, que estas plantas respondan a las necesidades del territorio, que cuenten con las suficientes garantías y transparencia «absoluta» en cuanto a materias primas utilizadas, emisiones, tratamientos y lo que se va a hacer en ellas.

PP CRITICA LA «ALARMA SOCIAL» CREADA

La diputada del PP Itziar Asenjo ha señalado que su partido no está en contra del biometano, la economía circular o la innovación energética y cree que puede ser una «oportunidad» para la región porque «puede ayudar a reducir emisiones, valorizar residuos y proteger al sector primario».

«Lo que es evidente, y comparto con lo que ha trasladado el portavoz de Vox, es que no se puede implantar sin planificación, no se puede desarrollar generando alarma social, con incertidumbre jurídica de espaldas a los vecinos o dejando a los alcaldes completamente solos», ha argumentado.

Por ello ha abogado por implantar plantas de biometano «con orden, con garantías, con transparencia y escuchando a los pueblos», momento en el que ha cargado contra el Gobierno regional por impulsar proyectos y generar expectativas, para echarse atrás cuando llegan «los problemas».

Así, la resolución del PP, que ha sido rechazada, exige una regulación jurídica clara, garantías ambientales, que se tenga cuenta la participación vecinal o criterios objetivos. «Biometano sí, pero que se haga bien. No a esta implantación desordenada, opaca e impuesta por el Gobierno regional y sí a una planificación territorial y a la transparencia».

LA RESOLUCIÓN DEL PSOE

El diputado del PSOE Francisco José Barato ha desgranado la resolución de su partido, que sí ha sido aprobada, en la que plantea reforzar «todavía más» las garantías ambientales, territoriales y de control público para asegurar que únicamente puedan salir adelante proyectos compatibles con la calidad de vida de los pueblos, con la protección ambiental y con un modelo de desarrollo «equilibrado y verdaderamente sostenible».

También pide reforzar el poder de decisión de los ayuntamientos, restricciones a las aportaciones de residuos de fuera del entorno con la limitación de procedencia a un radio máximo de 35 kilómetros, la prohibición de balsas abiertas, reforzar el control público y transparente de los olores y emisiones o instalar medidores públicos de calidad del aire y sistemas de control de emisiones y fugas.

Del mismo modo, exige el transporte de los residuos a estas plantas en transporte hermético y cubas cerradas, obligar a establecer rutas alternativas que eviten el paso de camiones a los municipios, medidas ambientales sobre digestatos y reutilización del agua, exigir programas de tratamiento de digestatos y la «necesaria adaptación obligatoria» de los proyectos que ya están en marcha a esta nueva regulación más exigente que queremos impulsar.

Ha defendido así que el PSOE lo que quiere es garantizar proyectos «óptimos, proporcionados, bien ubicados, vinculados a la realidad del territorio y compatibles con la calidad de vida de nuestros pueblos» y desincentivar a quienes vienen con proyectos «especulativos, sobredimensionados y ajenos» a la realidad del territorio, en lo que ha considerado la regulación «más estricta, más garantista y más progresista de toda España».

LA JUNTA RECOGE «EL GUANTE» DEL PSOE

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha indicado que la resolución presentada por el PSOE obliga al Gobierno regional a ser el Ejecutivo más estricto y garantista de España, así como a «limitar las instalaciones o los proyectos empresariales que hoy están encima de la mesa».

«Por lo tanto, recogemos el guante de que tenemos que ser estrictos, de que tenemos que ordenar el despliegue de estas instalaciones y de tenemos que recoger las mejores técnicas disponibles y seguir realizando el ejercicio de transparencia y de participación que siempre hemos hecho», ha considerado la consejera.

Para concluir, la consejera ha señalado que con lo planteado por el PSOE se podrá comprobar de dónde vienen las materias primas que se van a tratar en este tipo de industrias o qué es lo que hay que hacer.

«Por lo tanto, damos una oportunidad a nuestros agricultores y ganaderos de que puedan someter sus residuos y sus subproductos a una valorización energética y también ofrecemos una solución al sector industrial».


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