Vox pide a Bellido que se elabore un informe de fiscalización sobre gasto de las entidades públicas a inmigración ilegal

TOLEDO 12 Sep. –

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha anunciado que su grupo ha solicitado formalmente al presidente de la Cámara regional, Pablo Bellido, que se elabore «un informe de fiscalización sobre todo el gasto directo e indirecto destinado a inmigración ilegal en las entidades de derecho público de Castilla-La Mancha».

Moreno se ha remitido a la Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas y del Reglamento de las Cortes para defender que «los castellanomanchegos tienen derecho a saber cuánto dinero público, procedente de su esfuerzo, de su trabajo y de sus impuestos se está destinando a la inmigración ilegal y cuánto nos cuesta mantener a los inmigrantes ilegales mientras se debilitan los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o la seguridad», ha afirmado Moreno.

El dirigente de Vox ha recordado que la región atraviesa una situación de emergencia social y económica estructural, caracterizada por altos niveles de pobreza y precariedad laboral.

«Ni los gobiernos socialistas ni los populares han sido capaces de revertir esta realidad», ha señalado, «y mientras nuestros hijos van a clase en barracones, nuestros pacientes son condenados a ligas listas de espera o nuestros policías están desbordados y sin medios humanos ni materiales, el PSOE mantiene políticas que favorecen a los ilegales y relega a los españoles», tal y como ha informado Vox en nota de prensa.

En este contexto, Moreno ha subrayado que «la inmigración ilegal masiva supone un coste enorme para las arcas públicas» y ha denunciado que el presidente regional, Emiliano García-Page, no diferencia entre quienes han contribuido con su trabajo al sostenimiento de Castilla-La Mancha y quienes han entrado y permanecen de manera ilegal, lo que compromete la viabilidad de los servicios públicos esenciales».

La Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha establece que este órgano tiene la responsabilidad de fiscalizar la actividad económica y financiera del sector público y de asesorar a las Cortes cuando estas lo requieran, defiene Vox.

Por ello, reclama que se cumpla con esta obligación y se investigue cuánto dinero se gasta en inmigración ilegal en el ámbito regional.

«Queremos que la Cámara de Cuentas actúe y ponga luz sobre este gasto opaco. Los organismos públicos deben estar al servicio de los españoles y no de intereses ideológicos que destruyen nuestra prosperidad», ha concluido David Moreno.