Vox confirma que votará en el Congreso en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de C-LM

TOLEDO 16 Sep. –

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha confirmado que Vox votará en contra de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, porque «lo único que pretende es aumentar el gasto político y blindar sus privilegios», ha señalado.

El diputado regional ha recordado que el texto incluye medidas como el aumento del número de diputados, la declaración del mes de enero como inhábil a efectos parlamentarios y la posibilidad de crear una Agencia Tributaria al estilo catalán. «Por todo ello, nuestra intención es clara: derogar este Estatuto», ha zanjado.

En una entrevista en CMMedia, Moreno también ha acusado a Emiliano García-Page de ser «el gran sostenedor de Pedro Sánchez», un gobierno que –ha insistido– «institucionaliza la mafia y la corrupción». Asimismo, ha recordado que los ocho diputados nacionales del PSOE por Castilla-La Mancha son «los colaboradores necesarios» para que Sánchez «siga siendo presidente del Gobierno pese a todas las fechorías del presidente».

En relación a la seguridad ciudadana, Moreno ha vinculado el aumento de las agresiones sexuales con la inmigración ilegal, citando datos del Ministerio del Interior y poniendo como ejemplo los últimos casos en Hortaleza y Alcalá de Henares. «Defendemos una inmigración ordenada, pero lo que está sufriendo nuestro país es una auténtica invasión de ilegales con un incremento de los delitos que afectan especialmente a las mujeres».

De otro lado, ha denunciado que Emiliano García-Page «ha convertido a Castilla-La Mancha en una agencia de colocación del PSOE», en referencia a los 1.305 puestos de libre designación –entre asesores, altos cargos y designados políticos– a los que ahora se sumarán los del recién anunciado Instituto de Seguridad Laboral y posteriormente los 22 nuevos diputados.

Moreno ha subrayado que el Gobierno regional «prefiere inflar el gasto político en lugar de poner el foco en la prevención, la formación y las ayudas a empresarios y trabajadores para reducir la siniestralidad laboral».