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Publicado 14 Jan 2026 10:31
TOLEDO 14 Ene. –
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla-La Mancha (UPTA) ha criticado que más del 60% de las solicitudes de prestaciones por cese de actividad presentadas por autónomos de Castilla-La Mancha en 2025 fueron rechazadas.
La UPTA ha señalado que la prestación sigue siendo inaccesible para la mayoría del colectivo, según han informado en nota de prensa.
Tras analizar los datos oficiales correspondientes al año 2025, ha organización ha subrayado que se registraron en la región 571 solicitudes de cese de actividad, de las cuales solo 220 fueron aprobadas, mientras que 378 fueron denegadas, lo que supone que más del 60% de los autónomos castellano-manchegos que solicitaron esta prestación quedaron fuera del sistema, pese a haber cotizado por ella.
Desde UPTA Castilla-La Mancha advierten de que estas cifras reproducen el fracaso del modelo a nivel nacional y reflejan una realidad especialmente preocupante en comunidades con un tejido productivo basado en el autoempleo, las microempresas y los pequeños negocios, como es el caso de Castilla-La Mancha.
«Estamos ante un sistema que no cumple su función. No puede llamarse protección social a una prestación que deja fuera a seis de cada diez autónomos que la solicitan», ha afirmado César García, presidente de UPTA Castilla-La Mancha.
La organización señala que los requisitos excesivamente restrictivos, la complejidad burocrática y la interpretación desigual de las causas económicas que justifican el cese de actividad están provocando un elevado número de denegaciones. Esta situación afecta con especial intensidad a sectores clave en la región como el comercio minorista, la hostelería, los servicios personales y las actividades desarrolladas en el medio rural.
Según UPTA Castilla-La Mancha, la falta de una red de seguridad eficaz provoca que muchos autónomos que se ven obligados a cerrar su negocio lo hagan sin ingresos, incrementando el riesgo de endeudamiento y exclusión económica.
«El autónomo no puede ser el único trabajador del sistema que, tras cotizar, no tiene garantizada una cobertura real cuando su actividad fracasa. Es urgente una reforma profunda del cese de actividad para adaptarlo a la realidad del trabajo autónomo», ha subrayado César García.
UPTA Castilla-La Mancha reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una revisión inmediata del modelo, simplificando el acceso a la prestación y ajustando los criterios económicos, así como retomar con urgencia la mejora del sistema de cotización por ingresos reales como elemento clave para reforzar la protección social del colectivo.
Para la organización, garantizar un cese de actividad eficaz no es solo una cuestión de justicia social, sino una condición imprescindible para mantener el autoempleo como motor económico y de cohesión territorial en Castilla-La Mancha.
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