Universidades tranferirá 150 millones de euros a CCAA para incorporar profesores a universidades públicas, 4,2 a C-LM

MADRID/TOLEDO 4 Sep. –

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha acordado este viernes transferir a las comunidades autónomas un total de 149,67 millones de euros para la contratación de profesores ayudantes doctor en universidades públicas de toda España en marco del programa María Goyri, según ha informado el propio Ministerio. En concreto, Castilla-La Mancha recibirá 4,2 millones de euros.

«Es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las comunidades autónomas», ha destacado el Ministerio.

La decisión se ha tomado en el marco del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU). De acuerdo con Universidades, el acuerdo ha contado con los votos a favor de todas las autonomías a excepción de Baleares, que ha votado en contra.

En concreto, los 149.674.540 millones de euros se dividen en 34.884.105 euros para Cataluña; 28.305.088 euros para Madrid; 21.083.400 para Andalucía; 17.841.306 euros para la Comunidad Valenciana y 11.080.110 euros para Castilla y León.

Asimismo, País Vasco recibe 6.020.960 euros; Canarias, 5.437.673 euros; Región de Murcia, 5.225.800 euros; Galicia, 4.235.637 euros; Castilla-La Mancha, 4.229.088 euros; y Aragón, 3.796.284 euros.

A su vez, 2.035.800 euros van para Extremadura; 1.862.080 para Navarra; 1.287.206 euros para Asturias; 1.131.000 euros para Cantabria; 1.058.568 euros para Baleares; y 160.435 euros para La Rioja.

Universidades ha recordado que el Gobierno puso en marcha el Programa María Goyri para incorporar un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas de nuestro país de manera progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024.

Durante seis años, financiará 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, que ya se han contratado y supondrán un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.

RETRASO POR LOS INCENDIOS DE VERANO

A finales de julio, varias comunidades gobernadas por el PP enviaron una carta a Universidades para solicitar la suspensión de las Conferencia de Política Universitaria ante la emergencia por los incendios forestales. Según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio, las comunidades autónomas que pidieron que se retrasase la Conferencia y que finalmente no participaron fueron Andalucía, Cantabria, La Rioja, Comunidad Valencia, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia y Baleares.

Por su parte, la Región de Murcia había confirmado su asistencia y no se conectó a la reunión, mientras que Aragón no había confirmado su asistencia y tampoco se ha conectado. La decisión de estas autonomías de no asistir impidieron alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo para repartir los fondos, ya que el reglamento de la Conferencia establece que, para constituir de forma válida el pleno, se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades autónomas.

Si bien el Ministerio defendió que había mostrado «desde el primer momento toda su solidaridad con las comunidades afectadas por los incendios», el secretario de Estado Juan Cruz Cigudosa respondió a las comunidades autónomas que la reunión «era telemática; su duración prevista no superaba los 30 minutos; el orden del día constaba únicamente de dos puntos; el reparto ya había sido acordado por unanimidad; y el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir».

«Es decir, existían mecanismos suficientes para garantizar la celebración del Pleno sin interferir en la gestión de la emergencia», afirman desde el Ministerio, cuya responsabilidad era preparar el expediente, convocar el Pleno y poner los fondos a disposición de las comunidades autónomas.

Además, Universidades aseguró que las comunidades que han decidido no asistir a la reunión «sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento», por lo que se retrasaba la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri.

«Cada día de retraso en el inicio del procedimiento reduce el margen disponible para que los fondos lleguen con la agilidad prevista», avisaron desde este Departamento, que había organizado el calendario para que las comunidades autónomas recibieran los fondos «lo antes posible», mientras que la no celebración del Pleno «altera completamente esa planificación».

LA CRUE CELEBRA EL «DESBLOQUEO»

Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado que se haya «desbloqueado» la transferencia de 149,6 millones de euros a las comunidades autónomas en la Conferencia General de Política Universitaria para financiar el salario de este año de los 3.400 profesores ayudantes doctores incorporados a las universidades públicas.

Ahora, la CRUE ha incidido en que las autonomías deberán transferir estos fondos a las universidades públicas en su ámbito competencial ya que hasta la fecha han sido las universidades las que han adelantado la financiación para hacer frente al salario de 2026 de estos profesores.

Según ha dicho, esta iniciativa es de especial relevancia para el Sistema Universitario Español ya que permite establecer una estrategia a medio plazo y abordar cuestiones esenciales para el sistema universitario español, como son el relevo generacional y la captación de talento. Asimismo, opina que este programa refuerza la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.

A su vez, constituye un elemento «clave» poder avanzar en el mandato de la suficiencia financiera establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que exige destinar una inversión pública al sistema universitario público del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030 como mínimo.

«El cumplimiento íntegro de los acuerdos consensuados por las administraciones es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas. El Sistema Universitario Español es uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país y, por ello, es fundamental afianzar su estabilidad», ha destacado la CRUE.