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Publicado 25 Sep 2025 11:46

ALBACETE 25 Sep. –
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avanzado desde Albacete que el trabajo sindical en el corto plazo pasará por la exigencia al Gobierno de España de reformular las reglas para despedir a trabajadores, de cara a conseguir indemnizaciones de tal calibre que lleguen a ser «disuasorias» para el empresario que quiera precinsidir de trabajadores.
Antes de participar en un acto en Albacete, ha asegurado que el momento actual requiere «reivindicar más que nunca la vigencia del derecho laboral», una institución «clave para el reequilibrio de las relaciones de trabajo, de las relaciones que se dan entre empresas y trabajadores, que son por definición unas relaciones desiguales».
Ha hablado de la «necesidad de que la legislación española se acomode a las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales que dice de una forma cristalina que el sistema de despido en España no se acomoda a los preceptos de la Carta Social Europea que suscribió España como país».
Y por tanto, además de que CCOO no comparte que el Tribunal Supremo diga que «no hay necesidad de adaptar la legislación a esta Carta Social Europea», el sindicato va a exigir al Gobierno en una mesa de negociación «abordar una reformulación del esquema del despido en nuestro país, sin prejuicio de las acciones judiciales que se puedan seguir emprendiendo en los ámbitos constitucionales o en los ámbitos europeos».
«El sistema de despido tiene que desincentivarse en nuestro país. Ya demostramos con la reforma laboral que se podía avanzar en la estabilidad en la contratación, que se podía fortalecer la negociación colectiva, que se podían subir los salarios mínimos de forma compatible con la generación de empleo», ha exhortado.
Por tanto, quiere ahora «completar el círculo poniendo trabas al despido en España» y «buscar una fórmula donde la indemnización por despido sea disuasoria» para el empresariado.
Y es que entiende que cuando una empresa despide «tiene que ser porque no tiene ninguna otra salida», pero la empresa «no puede optar por despidos que a veces son caprichosos, que a veces son ilegales, que a veces son fraudulentos, que a veces son improcedentes».
En su petición se incardina además la necesidad de reclamar «más protección y más garantías en la legislación sobre el despido a la hora de abordar los despidos colectivos».
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