Una nueva gasolinera junto a unas viviendas en Guadalajara aviva el choque político entre Gobierno y oposición

GUADALAJARA 11 Sep. –

La instalación de una gasolinera junto a una promoción de 80 viviendas en construcción en Guadalajara ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre el equipo de Gobierno municipal, formado por PP y Vox, y los grupos de la oposición (PSOE y Aike), que discrepan sobre la responsabilidad en la tramitación y sobre si el Ayuntamiento disponía de margen para impedirla.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha defendido este viernes que el Ayuntamiento «ha actuado conforme a la ley en todo momento» y ha sostenido que la concesión de la licencia era obligada al tratarse de un acto administrativo reglado.

Según ha explicado, aunque el planeamiento municipal inicialmente no permitía este uso, una normativa de rango superior y posteriores interpretaciones del Tribunal Supremo habilitaron la instalación de estaciones de servicio en este tipo de suelo.

Esteban ha situado además el origen del expediente en la anterior Corporación municipal y ha asegurado que el 5 de abril de 2023 el entonces alcalde, Alberto Rojo, firmó una cédula urbanística que informaba favorablemente sobre la instalación de la gasolinera.

El edil ha considerado que ese documento constituye el primer informe técnico y jurídico favorable al proyecto y ha acusado a Rojo y a la concejal socialista Lucía de Luz de «mentirosos», reclamando la dimisión de ambos.

El concejal de Urbanismo ha defendido que «hacer otra cosa sería prevaricación» y ha asegurado que, una vez que la solicitud cumplía los requisitos establecidos por la normativa aplicable y la jurisprudencia, el Ayuntamiento «no tenía otra opción» que conceder la licencia.

«Por encima de las normas no está nadie», ha afirmado.

La polémica se centra en una zona situada a la altura del número 4 de Francisco Aritio, junto a la rotonda del Paseo de la Estación y al histórico Puente Árabe, donde se está construyendo una promoción residencial.

LA MISMA MERCANTIL

Esteban ha precisado asimismo que la mercantil que solicitó la información urbanística relativa a la gasolinera es la misma que solicitó la licencia para las viviendas, aunque la licencia de la estación de servicio se aprobó con posterioridad a la de los pisos.

El edil ha admitido que, desde el punto de vista personal, la ubicación tampoco le gusta.

«Cuando lo veo no me gusta y me gustaría menos si hubiera comprado una vivienda allí y la tuviera bajo casa», ha señalado, aunque ha insistido en diferenciar su valoración personal de la obligación administrativa de conceder una licencia que, según sostiene, cumplía la legalidad.

CRÍTICA DEL PSOE

Frente a esta posición, la concejal del PSOE Lucía de Luz ha cuestionado que el Ayuntamiento haya utilizado «todas las herramientas» disponibles para evitar la instalación y ha reclamado explicaciones sobre la tramitación del expediente.

La socialista ha subrayado que la licencia definitiva de la gasolinera fue concedida en 2025, durante el actual mandato, y ha rechazado que la actuación de Rojo en 2023 pueda equipararse a la concesión de la licencia de la estación de servicio.

De Luz ha defendido que, aunque exista una resolución del Tribunal Supremo que permita este tipo de instalaciones en determinados suelos, cada Ayuntamiento cuenta con su propio planeamiento urbanístico y dispone además de competencias en materia de movilidad.

En este sentido, ha alertado de que los vehículos de la gasolinera accederían y saldrían por la misma rotonda y ha reclamado que se prime la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

La edil socialista también ha reprochado al equipo de Gobierno que, a su juicio, no se haya puesto en contacto con las familias afectadas para ofrecerles explicaciones.

«Es muy fácil hablar de expedientes y es muy fácil hablar de trámites administrativos cuando el problema no está debajo de tu ventana», ha afirmado.

AIKE

Por su parte, Aike también ha cuestionado la decisión municipal.

Su concejala Susana Martínez ha señalado que la proximidad de la estación de servicio a las viviendas, al Puente Árabe, declarado Bien de Interés Cultural, y a uno de los accesos a Guadalajara supone un impacto que, a su juicio, debería llevar al Ayuntamiento a valorar las posibilidades de actuación de las que dispone.

Martínez ha recordado que la licencia fue aprobada por la Junta de Gobierno Local, integrada por representantes del actual equipo de Gobierno de PP y Vox, y ha cuestionado que determinados expedientes puedan tramitarse como una licencia más sin una reflexión suficiente cuando presentan, a su juicio, un impacto especial.

El enfrentamiento deja así dos posiciones contrapuestas: mientras el Gobierno municipal sostiene que la normativa y la jurisprudencia obligaban a conceder la licencia y sitúa parte del origen del expediente en la anterior Corporación, el PSOE y Aike cuestionan que el Ayuntamiento actual agotara todas las posibilidades urbanísticas y de movilidad para evitar la instalación.