UGT pide a CCAA aplicar las leyes de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales: «Es un grave incumplimiento»

«No vamos a permitir que las leyes se queden en un cajón mientras el país arde», argumentan

UGT Servicios Públicos ha exigido este martes «la aplicación inmediata» de las Leyes Básicas de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales por parte de las comunidades autónomas, cuando se cumple un año de su aprobación, con el fin de garantizar los derechos de ambos colectivos.

Por este motivo, como ha avanzado el sindicato en rueda de prensa, han enviado cartas oficiales a las administraciones con el fin de «abrir las negociaciones» pues ambas normas «no han sido desarrolladas ni aplicadas en la casi totalidad de las administraciones públicas del país, pese a su carácter básico y a la obligación de adaptación a la norma autonómica».

Como ha detallado la secretaria de Administración Autonómica y Local de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho, el plazo legal «ha vencido y las comunidades autónomas siguen sin adaptar su normativa a lo dispuesto en las leyes básicas». Ambas normativas establecen obligaciones en materia de promoción profesional, clasificación, funciones, prevención de riesgos laborales, igualdad de género y formación.

«¿Cuántos muertos más hacen falta para que se cumplan las leyes? No vamos a permitir que se queden en un cajón mientras el país arde», ha apostillado.

En estas cartas, el sindicato pide la «convocatoria urgente» de las mesas de negociación de cada CCAA para poder concretar el desarrollo normativo y la adaptación de la ley específica en materia sociolaboral y profesional. «No estamos hablando de recomendaciones, sino de obligaciones legales que garantizan condiciones profesionales mínimas en todo el país», ha añadido Corbacho, que ha reiterado que «la ley nació precisamente para corregir una desigualdad histórica y establecer unas condiciones mínimas para quienes protegen bosques y patrimonio natural».

Corbacho también ha advertido de que UGT activará acciones sindicales y jurídicas si persiste la inactividad administrativa: «No aceptaremos más demoras. Las leyes básicas están para cumplirse y el colectivo merece un reconocimiento real, no solo formal».

La rueda también ha contado con la presencia del responsable federal del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT Servicios Públicos, Javier García Rodríguez, para quien «la falta de desarrollo normativo mantiene a los Bomberos Forestales (BBFF) en una situación de desigualdad territorial: mismas funciones, mismos riesgos y derechos distintos según la comunidad autónoma».

«Esta desigualdad no solo afecta a los trabajadores, sino también a la eficacia del servicio público y a la capacidad de respuesta frente a incendios forestales cada vez más complejos», ha puntualizado.

García Rodríguez también ha denunciado una «gran inactividad por parte de las Administraciones». «Solo Andalucía, Baleares, Navarra, La Rioja, Cantabria y Comunidad Valenciana tienen avanzada la ley, a pesar de que ninguna ha desarrollado al 100% la Ley Básica de BBFF», ha especificado.

Además, ha puntualizado que Galicia y Extremadura, «a pesar de tener la categoría profesional de Bomberos Forestales reconocidas, no han iniciado la sobrecotización y la certificación de los trabajos realizados es lenta». Mientras, «Aragón sí tiene reconocida la categoría de BBFF y s inició la sobrecotización, pero ni se están emitiendo certificados ni nadie se está pudiendo prejubilar», ha añadido.

En el caso de Castilla-La Mancha y Región de Murcia, las BRIF (dispositivo estatal dependiente del Miteco) «sí tiene reconocida la categoría profesional de BBFF, pero ni se sobrecotiza, ni se están emitiendo certificaciones para el INSS, ni se están pudiendo prejubilar».

Sobre la situación de Canarias, ya que las competencias están transferidas a los diferentes Cabildos, el sindicato asegura que «ninguno ha reconocido la categoría puestos de trabajo hasta la fecha y hay que hacer distinción, mientras que el Cabildo de Tenerife no ha reconocido la categoría de BBFF, sí inicio la sobrecotización, realiza los certificados y se han producido jubilaciones anticipadas».

En este último mes, ha indicado que «los cabildos de La Gomera, La Palma, Hierro y Gran Canaria están tramitando en el INSS la sobrecotizacion, a la espera de ver si antes de que termine el año ya sobrecotizan por nomina», situación en la que se encuentran también Castilla y León y Comunidad de Madrid, mientras que Cataluña «tampoco hizo lo propio con los EPAF (Equipos de Prevención Activa Forestal), mientras el resto de su dispositivo está integrado en Bomberos».

Mientras, el responsable del Sindicato Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, Juan José Ariza, ha lamentado que «cuando hay un incendio activo todo son promesas, pero cuando se apagan, el trabajo que hay que hacer cesa» y ha denunciado el «grave incumplimiento» de la Ley de agentes forestales y de medioambientales «por parte de la práctica totalidad de las administraciones públicas, incluido el Estado».

En este sentido, Ariza ha denunciado que, en pocas décadas, se ha pasado de más de 10.000 agentes medioambientales a menos de 6.000 en toda España. «Tenemos atribuciones de policía medioambiental, tanto en vía administrativa como en la investigación de delitos, al tener la condición de policía judicial genérica. Tenemos encomendada la policía, custodia y vigilancia del medio ambiente», ha explicado.

Ariza ha alertado de que «hoy el mapa es muy preocupante». «Andalucía es la única comunidad que ha aprobado el pasado 26 de noviembre la Ley de Cuerpos de Agentes Medioambientales de Andalucía, «aún pendiente de desarrollo reglamentario». «Mientras tanto, el resto de las comunidades autónomas, algunas administraciones locales y el Estado, no han adaptado absolutamente nada», ha lamentado.

También ha explicado la situación de las plantillas de agentes medioambientales, cuya edad media supera los 54 años, con una «oleada masiva» de jubilaciones que se aproxima. Así, ha indicado que en muchos territorios, los servicios «están ya al límite y al borde del colapso operativo».

Por todo ello, Ariza ha enfatizado en que «la realidad no espera a las leyes». «Mientras las administraciones incumplen, la realidad sigue ahí fuera», ha apostillado. Precisamente, UGT también han hecho un homenaje este martes a Cristina Gallardo, agente medioambiental de la Comunidad Valenciana, fallecida en acto de servicio. «Detrás de cada uniforme hay una vida, una familia y un servicio público que merece ser protegido», han manifestado.

En cualquier caso, Ariza ha insistido en que el sindicato «tenderá la mano a todas las administraciones públicas para aportar y negociar cuantos aspectos sean necesarios para el correcto cumplimiento y desarrollo de la normativa actual». «Porque sin Agentes Forestales y Medioambientales no hay protección real del patrimonio natural», ha concluido.