Trabajadores reclaman a Junta un cambio en la gestión de los centros de protección de menores con una protesta en Toledo

TOLEDO 2 Abr. –

Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras se han concentrado este miércoles en Toledo a las puertas de la Consejería de Bienestar Social para exigir al Gobierno regional un cambio en el modelo de gestión de los centros de reforma juvenil y de protección de menores.

Convocados por UGT, CCOO y por el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, han pedido más profesionales para la atención de estos niños y jóvenes, «acabar con la precarización del sector, seguridad laboral y un marco estatal que homogenice en España cómo debe prestarse este servicio».

Continuando con las movilizaciones iniciadas hace dos semanas tras el suceso que se cobró la vida de una trabajadora en un centro de menores de Badajoz, sindicatos y colegio profesional han exigido a la Junta de Comunidades –«que es la que decide en qué condiciones se da este servicio»– que haga posible un concierto social con condiciones laborales dignas y con recursos suficientes, instándole también a revisar la externalización de esta prestación.

Estrella Fernández, representante del sector Autonómico de UGT Servicios Públicos, ha asegurado que el sindicato ya ha solicitado al Gobierno central una reunión urgente para dotar a este sector de un marco básico estatal y es que «la protección y la reforma de niños y jóvenes son –como la educación y la sanidad– un servicio público esencial, un derecho de la ciudadanía», han informado los sindicatos en nota de prensa.

Por su parte, Antonio Romero, responsable a nivel regional y estatal del Sector de Menores en la Federación de Enseñanza de CCOO, ha asegurado que «en Castilla-La Mancha se ha hecho un concierto social, no para mejorar el servicio, sino para precarizarlo». Reclamaba mayor seguridad laboral y un número suficiente de profesionales para atender a los menores, «menores que vienen con unas mochilas y cargas que hacen necesaria una atención socio-educativa individualizada para poder reeducarlos y que sean ciudadanos de futuro».

«Tenemos 17 modelos de gestión en España, cada una con un precio plaza distinto. Así, frente a los 122 euros que se destinan en Castilla-La Mancha, en Madrid esta cantidad asciende a 226 euros, lo que les permite tener más personal y garantizar la subida salarial prevista en convenio».

En este mismo sentido ha opinado Francisco Peces, presidente del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, quien ha señalado que el Gobierno regional ya ha anunciado que va a recurrir esta anulación, lo que supondrá dilatar aún más en el tiempo que la comunidad empiece a tener un modelo de calidad.

«El concierto social de Castilla-La Mancha rompe con el modelo estipulado en el convenio a nivel nacional, donde se dice que la figura de referencia es el educador social y que toda la intervención socio-educativa tiene que estar supervisada por educadores. En el concierto de Castilla-La Mancha se suprime la palabra educador/a social por profesionales de lo social, lo que nos coloca en una situación muy ambigua» y con la puerta abierta al intrusismo profesional, ha lamentado.