Todas las agresiones sexuales que se produzcan a partir de mañana serán asumidas por los Juzgados de Violencia machista

Justicia pide al poder judicial adelantar la reunión para monitorizar este traspaso de competencias

Todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer que se produzcan a partir de este viernes serán asumidos por los Juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que hasta ahora solo entendían de la que se conoce como violencia de género, la que ejercen los hombres contra sus parejas o exparejas.

Así lo marca la entrada en vigor desde mañana del precepto contenido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer. De este modo, a partir de mañana se produce oficialmente el traspaso de competencias.

Ahora bien, fuentes del ministerio de Justicia han especificado a Europa Press que los juzgados de Violencia sobre la Mujer solo verán los delitos sexuales cometidos a partir de este viernes, mientras que los asuntos que ya se estén juzgando seguirán en los juzgados correspondientes.

El objetivo de esta modificación de competencias, según defiende el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes es «garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización». «Así, se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género» recalca el departamento que dirige Félix Bolaños.

Para atender a esta carga de trabajo (del 12,9% de media según el Consejo General del Poder Judicial), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia han asegurado en declaraciones a Europa Press que, hasta que se haya completado la incorporación de los 50 jueces, el Ministerio dotará a los juzgados de los refuerzos temporales «necesarios». Hasta ahora, ha autorizado 15 medidas (jueces sustitutos o en comisión de servicio) que reforzarán a 25 juzgados.

Por otro lado, el Ministerio ha solicitado este jueves al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoque un nuevo pleno del Observatorio de Violencia doméstica y de género, que no se reúne desde el mes de febrero, para monitorizar la asunción de nuevas competencias en los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer.

Según han señalado, el objetivo es que, desde el Observatorio, se haga un seguimiento de este cambio para profundizar en la «colaboración necesaria» de los integrantes de este órgano, principalmente el Ministerio y el CGPJ, con dichos juzgados y secciones.

En la carta enviada por el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, a la presidenta del Observatorio, Esther Erice, recuerda que, para que puedan asumir el «paulatino incremento» de carga de trabajo (del 12,9% de media según el CGPJ), el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%.

Además, con la aprobación de la futura Ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, las mismas fuentes han añadido que se podría llegar al 47% en los próximos meses.

La asunción de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se producirá después de la advertencia de «colapso» de los jueces, que niegan que se hayan incrementado en un 50% el número de plazas como ha prometido el Ministerio de Justicia y aseguran que la labor será «inasumible».

En esta línea, magistrados de Violencia sobre la Mujer han alertado en diferentes ocasiones de lass «nefastas consecuencias» que podían derivarse de la ampliación de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.

«Advertimos que esto suponía una sobrecarga del 20% en Juzgados ya saturados sin medios suficientes ni refuerzos; señalamos que la entrada en vigor de esa nueva competencia sería el 3 de octubre de 2025, tres meses antes de que los Tribunales de Instancia estuvieran operativos, y alertamos de que esta ‘reforma a coste cero’ vulneraba los compromisos del Convenio de Estambul y ponía en riesgo la atención integral que merecen las víctimas», apuntaron.

También consideran que la respuesta que se dará a las víctimas será «más lenta, menos cercana, y mucho más estandarizada», lo «contrario» a lo que pretende el Ejecutivo.

Por su parte, la jueza de instrucción y miembro del comité nacional de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Verónica Ponte, ha denunciado en declaraciones a Europa Press que «no hay razón por la que el juzgado de instrucción no pueda instruir este tipo de delitos».

A juicio de Ponte, «la empatía para tomar declaración a las víctimas es algo que llevan a cabo los jueces sin ningún tipo de problema». Además, ha agregado que estos delitos no requieren de un conocimiento «específico» como sí que pueden ser otros relacionados con contabilidad, por ejemplo.

En todo caso, ha reconocido que el cambio supone un alivio en términos de carga de trabajo para los jueces de instrucción pero ha cuestionado la lógica detrás de la reforma. «Cualquier persona a la que le privan de tener que hacer más trabajo, pues no lo ve mal, claro», ha asegurado para añadir, no obstante, que «no hay ninguna razón para hundir más a los compañeros de violencia».

Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) avisó este miércoles del «grave riesgo de colapso» en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tras el aumento de competencias previsto en la nueva Ley de Eficiencia.

Así, STAJ denunció que «no se ha previsto un refuerzo proporcional de medios personales ni materiales». En este sentido, defendió que el incremento de las funciones no contempla el refuerzo proporcional de los Cuerpos Generales del Personal Funcionario que dan soporte a cada Magistrado. «Incrementar más plazas de Magistrados sin el correspondiente aumento de personal, y con las actuales plantillas que se encuentran con multitud de plazas sin cubrir por todas las administraciones, puede generar la ineficacia de una materia que debe ser rápida en su respuesta o de lo contrario muchas víctimas no tendrán la protección que necesitan», alertó.