Sindicatos se movilizan este jueves en Toledo para que la Junta no modifique la excedencia por servicios prestados

TOLEDO 23 Mar. –

Las organizaciones sindicales que tienen presencia en la Mesa de Función Pública han hecho un llamamiento a todos los empleados y empleadas públicas para que se sumen a la movilización que tendrá lugar el próximo jueves 26 de marzo, a las 11.00 horas, a las puertas de la sede de la Dirección General de Función Pública en Toledo (avenida de Portugal).

En nota de prensa, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha expresado su «más absoluto rechazo» a la intención del Gobierno regional de impedir que los empleados públicos puedan acogerse a la excedencia por prestación de servicios en la Administración, lo que impedirá hacer méritos para promocionar a través de procesos selectivos libres mientras desempeñan otras funciones, cortando así cualquier posibilidad de desarrollar una carrera administrativa alternativa.

«Todo ello en una comunidad autónoma donde tras 15 años sigue sin desarrollarse la Ley de Empleo Público que incluye la carrera profesional de los empleados públicos, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas», apunta el sindicato en nota de prensa.

CSIF, que se ha levantado este lunes de la Mesa Sectorial de personal funcionario de la Administración General de la comunidad autónoma en señal de protesta, advierte que este cambio elimina un derecho consolidado que facilita la movilidad, la estabilidad y la progresión laboral dentro de la Administración.

En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para modificar el artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público de Castilla-La Mancha y que se pretende aprobar este jueves, 26 de marzo, aprovechando la mayoría absoluta en las Cortes.

CSIF subraya que supone un «ataque directo» a la carrera administrativa de miles de trabajadores al eliminar íntegramente el segundo párrafo del citado artículo, el cual permitía hasta ahora que el personal funcionario de carrera pudiera acceder a la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público al ocupar puestos de interinidad o temporales en otros cuerpos, escalas o categorías.

El presidente del Sector de Administración General de la comunidad autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, subraya que se trata de «un evidente retroceso en derechos».

«No es de recibo que se utilice la vía de urgencia en el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para hurtar un derecho que funcionaba con total normalidad. Resulta especialmente grave que esta decisión se adopte en un momento clave con numerosos procesos selectivos pendientes de resolución y que evidencia la intención del Gobierno de cercenar un derecho histórico justo antes de que cientos de personas puedan ejercerlo tras obtener sus nuevas plazas».

A modo de ejemplo de lo que supone este recorte, «el personal funcionario que ya tiene su plaza fija y desea trabajar temporalmente en un cuerpo superior para hacer méritos y ganar experiencia de cara a futuros procesos selectivos de promoción interna o libre se le deniega la excedencia y se le imposibilita su promoción profesional», explica Sánchez.

CSIF exige al Gobierno regional y al Grupo Socialista la retirada inmediata de esta enmienda y el mantenimiento de la redacción vigente del artículo 121.

UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha también ha abandonado este lunes la Mesa Sectorial de Personal Funcionario en señal de protesta ante lo que considera una situación «inaceptable» y un «desprecio absoluto» hacia los empleados y empleadas públicos de la región.

En nota de prensa, el sindicato denuncia que la Administración ha sustituido la negociación real por un modelo de «imposición donde las decisiones llegan cerradas e ignorando a la representación sindical». Explica que uno de los puntos de mayor conflicto es la negativa de la Administración a ofertar la totalidad de las plazas vacantes al personal de nuevo ingreso.

Para UGT esta decisión, no solo limita el acceso al empleo público, sino que genera situaciones de profunda injusticia: «opositores con excelentes calificaciones se ven obligados a aceptar destinos alejados de sus domicilios existiendo plazas libres en sus localidades, que quedan reservadas de forma opaca».

Por otro lado, UGT denuncia con especial dureza la modificación del artículo 121 de la Ley 4/2011 de Empleo Público. Esta reforma, impulsada a través del Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, supondrá la eliminación del derecho a solicitar excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, al acceder a otro cuerpo o escala, afectando a las empleadas y empleados públicos de Castilla-La Mancha.

«Es una decisión unilateral, tramitada sin información previa y de una deslealtad absoluta. Es un retroceso intolerable en las condiciones de trabajo que el Gobierno regional pretende aprobar en el próximo pleno del 26 de marzo».

Frente al modelo de toma de decisiones jerárquico y cerrado que el sindicato denomina de «pirámide invertida», UGT ha exigido el desarrollo inmediato de la carrera profesional para todo el personal funcionario y laboral de la Junta, tal y como contempla la ley vigente desde hace 15 años. Concentración el próximo jueves, 26 de marzo.

«Hemos dicho ‘basta ya’. No aceptaremos más recortes ni esta forma de actuar que ignora los derechos conquistados. Seguiremos denunciando y movilizándonos hasta que la Administración respete a sus trabajadoras y trabajadores», concluye el sindicato.