Rechazada la petición del PP de un plan regional de mejora de caminos rurales de concentración parcelaria

TOLEDO 11 Dic. –

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado este jueves –con los votos a favor de los ‘populares’ y Vox y el voto en contra del PSOE– la Proposición No de Ley (PNL) del PP en la que pedía un plan regional de conservación y mejora de caminos rurales de concentración parcelaria, así como garantizar una dotación económica suficiente en los presupuestos regionales para financiar la conservación de estas infraestructuras.

El debate lo ha iniciado el diputado del PP José Antonio Martín-Buro, quien ha indicado que los ‘populares’ llevan al pleno de las Cortes la voz «de miles de agricultores ganaderos» de la provincia de Cuenca, que después de años de trámites, reuniones, planos, promesas, «se encuentran con algo tan simple como demoledor: No pueden llegar a sus parcelas en condiciones dignas y seguras por culpa del abandono de los caminos de la concentración parcelaria».

«Si la concentración parcelaria ha sido y sigue siendo una de las grandes herramientas de modernización agraria en nuestro país, y sobre todo en la provincia de Cuenca, en teoría debe servir para ganar tamaño en la parcela, racionalizar la explotación, mejorar la productividad y fijar población pero en la práctica en demasiadas zonas de la provincia de Cuenca el proyecto se ha quedado a medias cuando no directamente incumplido», ha lamentado.

En este sentido, ha defendido que la concentración parcelaria no termina con la resolución y el plano, «termina cuando el agricultor puede entrar con su tractor, con su cosechadora o con el camión a su parcela por un camino que esté bien trazado, bien ejecutado y también bien conservado y eso hoy en Cuenca no está pasando».

Así, ha puesto como ejemplo que la concentración parcelaria en Cañaveras, cuyo plan de obra fue aprobado por la Junta el 16 de diciembre del 2011, tenía como objetivo mejorar la rentabilidad agrícola y garantizar accesos adecuados a las explotaciones. «Sin embargo, 14 años después la Junta sigue sin cumplir el compromiso adquirido», ha añadido.

Se ha referido también al expediente de permuta de la finca de Albaladejito, «un expediente de enorme calado patrimonial que afecta terrenos que proceden de las extintas cámaras agrarias de numerosos municipios de la provincia de Cuenca, y también tiene algunos en la provincia de Albacete» en un «patrimonio público agrario acumulado durante décadas con las aportaciones y el esfuerzo de los ayuntamientos».

«Aquí conviene decirlo alto y claro, ese patrimonio nunca, nunca debió quedárselo la Junta de Comunidades», ha indicado, para agregar que mientras el agricultor se queda atrapado en caminos intransitables tras la concentración parcelaria, la Junta no solo incumple los proyectos técnicos, sino que además despoja a los pueblos de su patrimonio que podría haberse utilizado para mejorar esos propios caminos y para apoyar el sector agrario».

Por ello, el PP ha exigido «la paralización inmediata» de cualquier nuevo expediente de permuta de bienes procedentes de las cámaras agrarias, la auditoría completa de todas las operaciones patrimoniales realizadas por la Junta sobre estos bienes y la devolución del patrimonio a los ayuntamientos, «que son los legítimos destinatarios históricos».

El diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha apuntado que para que haya una buena gestión en la concentración parcelaría debe haber un «compromiso político firme» y una administración «que no dé la espalda a quien trabaja por la tierra». «Por esa razón, cuando no hay planificación ni mantenimiento, cuando no hay participación efectiva de los ayuntamientos, es cuando la administración falla».

«La concentración parcelaria no solo es un acuerdo entre propietarios, es una actuación administrativa de carácter público, con procedimientos formales, fases definidas, garantías judiciales, sobre todo con un fuerte componente de interés general y la Administración tiene la obligación de actuar con rigor técnico y jurídico, garantizando la igualdad, la transparencia y la seguridad jurídica de todas las partes implicadas», ha dicho.

Así, ha afirmado que si se quiere que la concentración parcelaria sea un instrumento de desarrollo agrario debe declararse de interés general «allí donde sea necesario y se requiera», por lo que ha defendido que va dirigida a mejorar la base productiva del campo, reducir la dispersión de parcelas y facilitar la gestión diaria del agricultor.

«Vamos a defender y proteger al agricultor, vamos a defender el territorio y ordenar la tierra y mantener los caminos, vamos a facilitar la modernización y vamos a defender la concentración parcelaria como lo que es, una inversión de futuro, en dignidad y en desarrollo rural. Y a ustedes les vamos a exigir que no abandonen a quien nos da de comer», ha dicho dirigiéndose al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Por último, el diputado del PSOE Antonio Sánchez ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ejecutado en la provincia de Cuenca actuaciones en 182 kilómetros de caminos pertenecientes a 12 municipios, invirtiendo cerca de 1,7 millones de euros, con obras de mejora realizadas conforme a los proyectos aprobados.

En este punto, se ha dirigido a Martín-Buro para pedirle que deje de «usar» las Cortes para «engañar» a los agricultores y poner en tela de juicio la actuación de los técnicos, acusándole de «intentar tapar cuestiones internas» del PP de Cuenca, lo que ha calificado como «una auténtica vergüenza».

Con todo, ha defendido que la Junta ha dado «desde el primer momento total seguridad jurídica» a los agricultores y a los ayuntamientos de Cuenca, y que se elaboró una nueva normativa, fruto de la cual se han realizado 49 concentraciones parcelarias con una superficie concentrada de más de 77.000 hectáreas y un importe de ayuda en asistencias técnicas de cerca de cuatro millones de euros.

Además, el diputado socialista ha afirmado que se han ejecutado 45 proyectos de caminos inherentes a concentraciones parcelarias y que se han llevado a cabo 540 kilómetros de caminos mejorados con un importe de ejecución cercano a los seis millones de euros.