Rechazada la comisión de estudio del PP sobre cultivos leñosos en el Alto Guadiana y Directiva Marco del Agua

TOLEDO 30 Abr. –

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos en contra del PSOE y la abstención de Vox, ha rechazado la petición del Partido Popular de crear una Comisión de Estudio con el objeto de considerar la situación de los cultivos leñosos en el Alto Guadiana y, con carácter general para la región, la necesidad de ampliar el horizonte de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) en el sur de Europa hasta diciembre de 2032.

El diputado el PP Santiago Lucas-Torres ha defendido que «se puede proteger el agua sin arruinar a la gente, se puede actuar con sentido común, y se puede buscar equilibrio, pero para esto hace falta voluntad política». «No se puede cerrar el grifo a Castilla-La Mancha y no se puede castigar a quienes han hecho bien las cosas, y no se puede destruir empleo y riqueza», ha incidido el ‘popular’.

Es por ello que el PP pide una comisión de estudio donde cooperativas, organizaciones agrarias, universidad y grupos políticos, «desbloqueen» la situación buscando alternativas como ampliar la directiva Marco del Agua hasta el 2032, continuar con la prórroga del Plan del Alto Guadiana, la modificación de la normativa para dar seguridad jurídica y, si es necesario, pedir que se cambie la ley de aguas y recuperación de las aguas residuales depuradas que pueden ir a cultivos sociales o recarga de acuíferos estratégicos en aquellos lugares que la situación los permita, reduciendo la presión sobre los recursos naturales.

«El problema del agua en Castilla-La Mancha es muy claro. No elijamos restricciones, la burocracia y las sanciones. Todos los presentes deberíamos pensar en el bien de nuestros ciudadanos, en pedir infraestructuras, planificación y soluciones», ha afirmado.

Lo que está «en juego» no es el agua, ha añadido el parlamentario del PP, «lo que está en juego es si en Castilla-La Mancha tiene futuro o si la condenamos a convertirse en un territorio vacío».

Dicho esto, ha advertido que reducir el agua implica «menos rentabilidad, abandono de explotaciones y pérdidas». «El impacto va más allá del campo», ha avisado.

«Recortar el agua en Castilla-La Mancha no es proteger el medio ambiente, es condenar el medio rural», ha puesto de relieve Lucas-Torres, quien cree que el mayor problema del campo en Castilla-La Mancha es, sin lugar a duda, el agua para riego y sus posibles recortes en las dotaciones.

«¿Por qué en Portugal el agua sirve para crear riqueza y en Castilla-La Mancha se utiliza como excusa para cerrar explotaciones? Eso es lo que no podemos aceptar. No pedimos privilegios, pedimos igualdad, pedimos justicia, pedimos infraestructuras, pedimos que el agricultor de la región tenga las mismas oportunidades que cualquier agricultor de España o Europa».

PSOE

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha rechazado la idea del PP de crear esta comisión ya que, a juicio de los socialistas, «no es la solución». «No añade nada, no soluciona nada y sólo duplica», ha apostillado.

La diputada del PSOE cree que «lo más razonable» sería que el propio Gobierno, de la mano del sector, quienes estudien, quienes propongan, quienes elaboren y quienes traigan a las Cortes un documento en el que se pueda trabajar.

Ha reivindicado «con firmeza» el derecho de Castilla-La Mancha a poder utilizar el agua de la propia región, un recurso esencial especialmente para sectores tan ligados a la tierra como el agroalimentario.

También ha dicho «con rotundidad» que el Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla la posibilidad de revisar y, menos aún, extinguir derechos de agua que «son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestra región». «El agua no es solo un recurso, es vida, por supuesto, es empleo y futuro para miles de familias de Castilla-La Mancha».

«El Alto Guadiana, no en vano, concentra más de la mitad de la producción agroalimentaria regional. Por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará, no lo duden, apoyando económicamente tanto la creación de nuevos regadíos como la modernización de los existentes».

De hecho, el 70% de los regadíos de la comunidad ya son eficientes, lo que demuestra, ha señalado la socialista, «es el esfuerzo realizado en modernización y uso responsable del agua». No obstante, ha admitido que Castilla-La Mancha se sitúa aún un 5% por debajo de la media nacional en superficie regada, «por lo que es necesario avanzar para igualar esos niveles».

VOX

De su lado, el diputado regional de Vox Francisco Cobo ha defendido que el agua «no puede gestionarse desde un despacho de Bruselas», como si todos los territorios fueran iguales. «Cada hectárea de leñoso, cada pozo regularizado y cada dotación recortada tiene detrás una familia, una explotación, una cooperativa, un taller, un transportista y un municipio entero».

«Si no se garantiza agua en cantidad y calidad, no solo se pierde producción, se pierden pueblos. No se trata de elegir entre agua o agricultura, se trata de gestionar el agua».

Además, ha aseverado que «para que haya agricultura y economía y vida en nuestros pueblos necesitamos un plan nacional del agua y acabar con las agendas globalistas que lo enturbian todo».

Por esa razón y debido a que estas son las consecuencias de aprobar la Directiva Marco, al parlamentario de Vox le gustaría escuchar de PP y PSOE «la asunción de su responsabilidad por la aprobación y aplicación de la Directiva Marco del Agua».

«Un discurso de autocrítica y dirigir las propuestas de resolución a dar los pasos necesarios para no aplicar la Directiva Marco del Agua», ha recalcado Cobo, quien ha puesto sobre la mesa la «pésima» situación que atraviesa el sector primario por la aplicación de la Directiva Marco del Agua, que ha tildado de «impuesto al desarrollo».

Desde Vox también han exigido que, tras la culminación del Plan Especial del Alto Guadiana en el año 2027, «impere el sentido común» y no se tomen medidas que puedan afectar a cientos de explotaciones.

MERCEDES GÓMEZ

Por su parte, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha puntualizado que la Directiva Marco del Agua es de obligado cumplimiento y está dentro del derecho comunitario. «Pertenecemos a la Unión Europea y por lo tanto no nos la podemos saltar», ha respondido a Vox.

Ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado la prórroga de la Directiva Marco del Agua y está intentando documentar que realmente existe «un impacto irreparable» si no se hace esa prórroga. «El Gobierno de España es el que tiene que, en primera instancia, hacer esta solicitud, pero, evidentemente, también las regiones podemos hacer ese papel y, evidentemente, el Gobierno de Castilla-La Mancha lo está ejerciendo», ha manifestado Gómez.

Ha negado que el canon del agua penalice a los agricultores, ya que «están exentos», ha aclarado la consejera, quien ha preguntado a los asistentes si alguien tiene alguna propuesta técnica que «nos permita en Castilla-La Mancha», recargar los acuíferos, cuando incluso «nos estamos trayendo agua a través de la tubería de la Llanuera Manchega, desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, para dar de beber a los ciudadanos de Cuenca y de Ciudad Real».

Sobre poner en marcha un Plan Nacional del Agua, la titular de Desarrollo Sostenible ha abundado que «desgraciadamente cada vez que hemos tenido como instrumento un Plan Nacional del Agua, la única comunidad autónoma que ha salido penalizada de todo el territorio nacional siempre ha sido Castilla-La Mancha u los más castigados, los agricultores de Castilla-La Mancha».

Ha remarcado que el Gobierno regional «no va a consentir» que se extingan ningún tipo de derechos. Dicho esto, ha abogado por la prórroga de la Directiva Marco del Agua, por que en el cuarto ciclo de planificación ideológica se contemplan las necesidades de la región y por una modificación de la Ley de Aguas del Estado.