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Publicado 16 Sep 2026 20:03
MADRID/TOLEDO 16 Sep. –
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que la negociación para el presupuesto de la futura Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) será «compleja, difícil y dura», por lo que ha apelado a la unidad en España para lograr los mejores resultados para agricultores, ganaderos y pescadores españoles.
«Será una discusión complicada, compleja, dura, difícil, en la cual tenemos que defender los intereses de España y en particular los intereses de agricultores, ganaderos y pescadores españoles. Yo lo tengo muy claro, unidos ganamos y si no estamos unidos tenemos muchas oportunidades de fracasar. Es una llamada a la atención que siempre hago, pero particularmente en las negociaciones europeas», ha asegurado Planas antes de la celebración de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde ha abordado con los consejeros autonómicos del ramo el estado de la PPC y la PAC a partir de 2028.
Respecto al presupuesto para la PAC, el titular del ramo ha recordado que España ya tiene «preasignado» por el momento un presupuesto de 37.235 millones de euros. «Esta es la cantidad la tenemos ya ahí. Estamos en plena discusión, pero los autodenominados países frugales van a intentar un recorte de las cifras del presupuesto comunitario, pero yo entiendo que esa cifra que está protegida y vamos a conseguir preservarla»
«Para nosotros constituye una línea roja. Creo que para muchos Estados miembros de la Unión Europea el que esa cifra no se modifique», ha recalcado Planas en la previa a la reunión con los consejeros autonómicos del ramo.
Planas ha destacado que tras la propuesta inicial de julio de 2025, que estaba «muy deslavazada con una serie de intervenciones donde la política agrícola común prácticamente desaparecía», se ha conseguido «rearmar» con un reglamento específico diferente del de planes nacionales y regionales común.
De esta forma, el calendario fija su primera gran meta a finales de este año, periodo en el que se prevé cerrar por unanimidad en el Consejo Europeo el marco de las perspectivas financieras de la Unión Europea. Tras este paso presupuestario, se espera que el Parlamento Europeo estará listo para iniciar los debates de colegislación a partir de enero, con la intención de cerrar durante el primer semestre de 2027 los reglamentos relativos tanto a la agricultura como a la pesca.
Según ha señalado Planas, este cronograma busca situar la entrada en vigor de la nueva norma entre en 2028 o si no el 2029, un margen condicionado por los tiempos legislativos y la tramitación administrativa requerida.
Asimismo, los plazos vendrán determinados por la tarea adicional de revisar el Plan Estratégico de la PAC (Pepac) bajo los nuevos parámetros comunitarios. Al tratarse de un mecanismo nacional defendido por la mayoría de los Estados miembros para adaptar las ayudas a las realidades agroalimentarias regionales, su actualización exigirá ajustar los procedimientos de adelanto presupuestario para el pago de las subvenciones y definir la evaluación por cumplimiento de objetivos, aspectos clave que formarán parte del debate negociador en los próximos meses.
«El Gobierno de España va a defender con absoluta firmeza, como lo ha hecho siempre, los intereses de nuestro país buscando una solución constructiva, pero que responda a un país que es una potencia agroalimentaria y que tiene intereses tan diversos tanto en la agricultura como en la pesca», ha recalcado.
NUEVA ARQUITECTURA
La arquitectura de la nueva PAC propuesta por la Comisión se articula en torno a 18 intervenciones, de las que 12 cuentan con un presupuesto reservado y, en cuatro casos con financiación exclusiva de fondos europeos (Dabis, ayudas complementarias a jóvenes, régimen simplificado de pequeños agricultores y ayudas asociadas).
España defiende que el 10% de las ayudas se destinen a jóvenes, cuestión respaldada por todas las comunidades autónomas, y mantendrá el nivel de las ayudas asociadas.
El resto de las intervenciones con presupuesto reservado si exigen, en este momento de la negociación, una cofinanciación nacional del 30%, que España rechaza. Especialmente en las intervenciones vitivinícola y de frutas y hortalizas, exige el mantenimiento de la financiación europea como hasta ahora para evitar el riesgo de posibles distorsiones de mercado.
Las seis intervenciones sin presupuesto reservado quedan vinculadas a la asignación del Plan de Colaboración Nacional y Regional y entre ellas se encuentran el programa Leader de desarrollo rural y las ayudas a la innovación. España defiende que estas intervenciones cuenten con una reserva presupuestaria propia, e igualmente mantiene la petición de una dotación específica para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) de Canarias, no recogida en la propuesta inicial, de al menos la misma cuantía que el actual, 268 millones de euros anuales.
Por otra parte, durante el último año también ha habido una mejora en la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la asignación presupuestaria para los fondos de la pesca, que se ha elevado a 4.000 millones de euros, pero que, según ha explicado Planas, para España resulta «claramente insuficiente» y aspira a elevarlo a los 6.108 millones del periodo actual. España es el principal receptor de estos fondos.
El proceso de revisión de la PPC va más retrasado porque la Comisión Europea aún no ha presentado su documento de propuesta. Planas ha reiterado que la nueva PPC y el fondo europeo para la pesca deben responder a los retos de futuro de la flota y orientarse hacia el relevo generacional mediante una modernización de la flota que, además de la descarbonización, disponga de buques más modernos, confortables y seguros.
El ministro ha señalado algunos de las principales propuestas de España orientadas a la flexibilización en el uso de los fondos para la pesca, como la eliminación del tope del 15% del mismo para la adquisición de buques por jóvenes, la modernización de motores o el incremento de arqueo bruto, que son «actuaciones estratégicas».
También ha propuesto eliminar la prohibición de destinar ayudas a los buques de más de 24 metros de eslora, porque no se puede confundir tamaño, que está relacionado con mejores condiciones de habitabilidad, con la capacidad pesquera.
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