Las nuevas pulseras antimaltrato se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga y material antivandálico

El Gobierno destinará entre 71 y 111 millones de euros al nuevo contrato de estos dispositivos, una partida que aprobó la semana pasada

Los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricadas con material antivandálico, según ha informado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha anunciado Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

El contrato, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.

Debido a que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados, el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado martes 20 de enero modificar los límites para adquirir compromisos de gasto hasta la partida mencionada con cargo a ejercicios futuros para posibilitar al Ministerio de Igualdad la tramitación de este nuevo contrato.

El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de éstas. La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria de 2024 de «múltiples fallos» en estos dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios.

Ante esas advertencias, la ministra de Igualdad ha recordado que pusieron en marcha dos investigaciones, una interna y otra externa, y que exigieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento, pero ha criticado que a día de hoy siguen «esperando» dichas sentencias.

«A fecha de hoy seguimos esperando esas sentencias, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que han transcurrido unos meses y a fecha de hoy todavía estamos a la espera de esas sentencias absolutorias o esos sobreseguimientos», ha señalado Redondo.

Entre los cambios introducidos en el nuevo contrato, Igualdad ha destacado que se incrementa el número de dispositivos a adquirir hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas.

También se garantizará la sustitución de dispositivos en menos de 24 horas y se exigirá la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. «Esto nos va a permitir cambiar aquellos dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo disfunción en tiempo récord, un máximo de 24 horas», ha explicado Redondo.

Asimismo, ha precisado que se han realizado ajustes en las características exigidas para asegurar que los dispositivos sean en su mayoría tobilleras, en vez de brazaletes. «Según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable», ha subrayado la ministra.

Las tobilleras contarán con geoposicionamientos de manera autónoma para tener al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio.

A esto se unirán baterías recargables de mayor capacidad, mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, mejora de la resistencia al agua, sensores de movimiento o de temperatura corporal, una tarjeta electrónica eSIM no extraíble y pantallas de cristal reforzado.

Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían a la Sala Cometa, y se genererá una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en detección directa entre el dispositivo electrónico del maltratador y la víctima vía bluetooth.

Por otro lado, Igualdad ha precisado que se va a incorporar a la oferta técnica un plan de transición detallado en respuesta a los requerimientos de la Delegación, del envío de un plan de devolución al final del contrato o nuevas funcionalidades en la plataforma para garantizar que el personal de la Sala Cometa tenga toda la información cómodamente a su alcance.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género contará además con una aplicación de consulta de datos del servicio en tiempo real a su disposición y se consolidará un sistema de comunicaciones con el Ministerio de Igualdad para garantizar el acceso a otros sistemas como VioGén o Lexnet.

El contrato también incluye por primera vez un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa, y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.

También se creará la figura del responsable coordinador del Servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada uno de los elementos que conforman los kits de dispositivos; aumentarán de uno a dos los responsables coordinadores de la Sala Cometa, y se creará un puesto de responsable del Servicio de desarrollo y mantenimiento de software y otro de responsable del Servicio de infraestructuras, procesamiento de datos y almacenamiento.

Asimismo, la Sala tendrá un coordinador jurídico, dos asesores jurídicos y se aumentarán a tres los puestos de coordinación y supervisión de los turnos de Cometa, con un mínimo de 151 personas en sala.

Por su parte, la adjudicataria, deberá mantener el nivel mínimo de stock de cada uno de los elementos que conforman el sistema o kit de dispositivos y remitir los partes de intervención a los órganos judiciales, fiscalías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un plazo de 24 horas, según ha indicado Igualdad.

Asimismo, ha remarcado que se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves, se elevarán los requisitos de disponibilidad del servicio, se incluirán tareas de mantenimiento programado y se clarificarán los mecanismos necesarios para que el incumplimiento de estos acuerdos de nivel de servicio dé lugar a las penalidades establecidas en el pliego.

El contrato también establece que tres meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias, la monitorización de estas, la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género deberá validar el plan.

El Ministerio ha asegurado que, por medio de este nuevo contrato, se elaborará un «exhaustivo» sistema de seguimiento y control de calidad para garantizar el funcionamiento de todos los subservicios que integran el Servicio, así como un plan de contingencia detallado «para el caso en el que se produzcan caídas del cualquiera de los elementos del sistema».