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Publicado 27 Nov 2025 15:52
TOLEDO 27 Nov. –
El Gobierno de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales mayoritarias de la Función Pública han aprobado este jueves, en la reunión de la Mesa General de Negociación del personal empleado público, la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 del personal funcionario y laboral de la administración general, del personal docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades y el personal estatutario del Sescam, que ascienden a un total de 3.804 plazas.
La propuesta de la Oferta de Empleo Público para administración general, educación y Sescam, impulsada por el Gobierno regional, ha salido adelante con la mayoría de los votos favorables de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación del personal empleado público, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez; y que ha contado con la participación del director general de Recursos Humanos de Educación, Cultura y Deportes, José Manuel Almeida; y el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar.
Tras el proceso de negociación colectiva que se ha llevado a cabo, la OEP queda distribuida de la siguiente manera: 1.303 plazas en administración general para el turno libre, discapacidad y promoción interna, de las cuales 827 son para el personal funcionario y 476 para personal laboral; 910 plazas en educación, de las que 867 son por turno libre y discapacidad y 43 de promoción interna; y 1.591 del Sescam, de las que 1.429 son por tuno libre y discapacidad y 162 de promoción interna.
En la presente oferta se reserva un cupo del siete por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad, siendo el dos por ciento cubiertas por personas con discapacidad intelectual y el cinco por ciento restante para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
Una vez celebrada la Mesa General de Negociación, la Oferta de Empleo Público para 2025 en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se elevará al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, para su aprobación por parte del Ejecutivo autonómico.
Esta nueva oferta se suma a las sucesivas ofertas de empleo público que cada año ha venido convocando el Gobierno autonómico, en el marco de un importante plan de impulso a los servicios públicos. De hecho, desde el año 2015 se han aprobado más de 30.000 plazas de empleo público en la región.
Con todo esto se persigue reducir la tasa de temporalidad, que ya en Castilla-La Mancha es, de por sí, una de las más bajas de España, además de blindar las plantillas, ofrecer posibilidades de encontrar un empleo en la Administración, facilitar oportunidades de promoción interna, favorecer la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorando, a su vez, la calidad de los servicios públicos que se prestan desde la Administración regional.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, considera que esta OPE, aunque ajustada a la tasa de reposición de los presupuestos, no hace frente a la alta temporalidad que padecen los servicios públicos en la comunidad autónoma.
La Central Sindical incide en que la tasa de reposición ha sido «un obstáculo insalvable» en Castilla-La Mancha a la hora de lograr convocatorias más amplias. «De hecho, su eliminación ha sido una de las medidas logradas ayer en el acuerdo alcanzado ayer por CSIF con el Ministerio de Función Pública, que incluye subidas salarias y otras mejoras laborales: era imperativo suprimir de una vez por todas la tasa de reposición para acabar con la temporalidad y reforzar las plantillas de la administración pública, mermadas por la pérdida de efectivos y las restricciones de contratación».
Aunque CSIF valora el esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha, que tiene previsto convocar 3.437 plazas (1.591 plazas en Sanidad; 543 plazas en Educación; 827 plazas de personal funcionario y 476 plazas de personal laboral en la administración general de la comunidad autónoma), insiste en que la temporalidad conjunta en estos tres sectores llega a alcanzar el 36,7%, con mayor incidencia en Educación y Sanidad, lo que repercute en la calidad de los servicios al ciudadano.
«También insistimos en la falta de plazas en determinadas categorías en todos los ámbitos, además de que no se ha contemplado una tasa adicional para la jubilación parcial anticipada en el caso del personal laboral de la Junta de Comunidades», señala.
Por todo ello, CSIF ha decidido abstenerse en su voto para mostrar su disconformidad con la OPE 2025 planteada por la Junta de Comunidades.
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