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Publicado 1 Oct 2026 16:34
TOLEDO 1 Oct. –
La propuesta de Vox de priorizar la compra de producto nacional y de Castilla-La Mancha en establecimientos públicos de restauración colectiva de la región ha fracasado este jueves, tras su debate parlamentario, que ha tenido como portavoz al diputado David Moreno.
La primera iniciativa expuesta por Moreno es que los productores nacionales tengan preferencia a la hora de vender a comedores de prisiones, hospitales o centros educativos públicos, evitando importar productos para estas infraestructuras, sobre todo apuntando a Marruecos, que a su juicio incurre en «competencia desleal».
La idea es «dar preferencia a los productos de nuestra tierra» para dar «más oportunidades a los agricultores de Castilla-La Mancha». Moreno, que ha exhibido un tomate desde la tribuna de oradores, ha insistido en decir que las familias que viven del campo de la región están viendo «cómo se compra cada vez más tomate de Marruecos».
«No podemos exigir cada vez más a nuestros agricultores y consentir cada vez más a los que producen fuera desentendiéndonos de sus condiciones», ha abogado David Moreno.
Tras recordar que el próximo martes el campo se movilizará, ha insistido en defender el «producto español», añadiendo otras propuestas dentro de su propuesta de resolución, como prohibir la comida ‘halal’ en comedores escolares de la Comunidad Autónoma.
PP, DE ACUERDO, PERO…
Por parte del Partido Popular, Itziar Asenjo ha sido la encargada de fijar posición, y lo ha hecho para alinearse con las cuestiones de Vox, ante las que ha dicho en todo caso que adolecen de «seguridad jurídica».
La región, ha dicho, «tiene muchos productos que defender», así como industria y cooperativas, y «detrás de cada producto hay a veces un pueblo entero que depende de su actividad».
Por ello, ha pedido «libre comercio, cláusulas espejo y reciprocidad» con otros mercados, abogando por «igualdad de condiciones» para los agricultores castellanomanchegos.
Para Asenjo, hay que diseñar «adecuadamante» unas normas para que las cooperativas agroalimentarias puedan postular a ser proveedores de la compra de productos públicos para abastecer a los comedores de infraestructuras públicas.
«No vale solo con promocionar, como plantea el PSOE, hay que avanzar», ha indicado la ‘popular’, que también comparte con Vox la necesidad de favorecer la producción nacional frente a género que entra de otros países con menos controles de calidad y menos trabas burocráticas en sus procesos.
Por tanto, reclama al Gobierno «complementar con fondos» la compra de carburantes o fertilizantes. «No podemos exigir calidad y no atender a lo que les cuesta producir. Hay que actuar. Nuestros agricultores no piden que le regalen el mercado, solo competir en términos de igualdad».
PSOE: LAS PROPUESTAS DE VOX NO ENCAJAN CON LA LEGALIDAD
El socialista Antonio Sánchez Requena, de su lado, ha subido al atril para decir que el Gobierno regional «no necesita que Vox le explique cómo defender el campo», ya que es algo que ya se ejerce desde el Ejecutivo.
Asegura que para ello se ponen encima de la mesa «medidas concretas para que las industrias agroalimentarias tengan más oportunidades», y más allá, asevera que los datos le dan «la razón».
Ha consdierado que Vox no ha traído «nada nuevo» a este debate y ha desoído las propuestas ya implementadas desde la Administración regional, y le ha avisado que las propuestas que han repetido en la discusión van a la contra de normativas concretas, como la Ley de Contratos del Sector Público. «Usted lo debería de saber ya».
Sánchez Requena ha querido poner a Vox frente a dos «contradicciones». La primera, que reclamen que sea la Junta quien asuma el control de los comedores de las prisiones, cuando son competencia estatal, algo que han reclamado pese a que en su ideario propugnan centralizar todo por encima de las regiones.
La segunda de estas contradicciones, que ahora apuesten por la huerta de cercanía, algo que «ya propugna la Agenda 2030», estrategia europea ante la que Vox ha mostrado su rechazo.
Ha aprovechado para citar los «272 millones de euros a través de FOCAL que ha pagado el Gobierno de Castilla-La Mancha», repasando además algunas de las aportaciones presupuestarias articuladas por los fondos autonómicos para fomentar la agricultura regional.
En la votación de las propuestas, la idea de Vox ha quedado rechazada al no cosechar los votos suficientes, ya que la mayoría socialista votó en contra, a pesar del voto favorable de los 12 diputados del PP y los 4 parlamentarios de Vox.
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