La Eurocámara aprueba las salvaguardas agrícolas diseñadas para salvar el acuerdo con Mercosur

UPA Castilla-La Mancha destaca el avance en el debate europeo sobre las cláusulas de salvaguarda agrarias

BRUSELAS/TOLEDO, 10 Feb. –

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a las cláusulas de salvaguarda agrícolas pactadas con los 27 y con Bruselas como condición para desbloquear la firma del acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur, un pacto que podrá entrar en vigor de manera provisional en los próximos meses si así lo decide el Ejecutivo comunitario tras lograr la firma el pasado enero.

Las medidas están diseñadas para reforzar la protección del campo europeo ante potenciales distorsiones graves causadas por la apertura al mercado del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) en sectores como las aves de corral, la carne de vacuno, los huevos, los cítricos y el azúcar.

Este marco establece umbrales específicos para que la Comisión Europea pueda iniciar investigaciones –y activar medidas específicas después en un plazo máximo de 21 días– en caso de que se detecte un fuerte impacto en productos agrícolas sensibles europeos.

UPA Castilla-La Mancha ha valorado la votación celebrada en el Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como un paso que evidencia que la presión ejercida por las organizaciones agrarias representativas está influyendo en la toma de decisiones comunitarias.

La organización agraria subraya que el debate abierto en la Eurocámara ha vuelto a situar en el centro la necesidad de contar con cláusulas de salvaguarda agrarias efectivas, que permitan actuar de forma inmediata ante posibles perturbaciones del mercado y proteger a agricultores y ganaderos europeos frente a los impactos negativos de los acuerdos comerciales.

Para UPA Castilla-La Mancha, este escenario confirma que las salvaguardias no pueden seguir siendo una promesa, sino una condición imprescindible para cualquier avance en la aplicación del acuerdo. La organización recuerda que estos mecanismos de protección han sido una reivindicación constante del sector y que su exigencia empieza a tener reflejo en el debate político europeo.

UPA Castilla-La Mancha ha reafirmado que seguirá defendiendo con firmeza los intereses de agricultores y ganaderos de la región, manteniendo la presión institucional necesaria para que las decisiones que se adopten en Bruselas garanticen la viabilidad del sector agrario.

El pasado diciembre, el Consejo y el Parlamento acordaron fijar estos umbrales en un 8%, pero finalmente se han reducido a un 5% –tal y como defendía la Eurocámara de salida– para satisfacer las demandas de Italia, cuyo gobierno frenó la firma entonces al sumarse al bloqueo de Francia y Polonia. Tras lograr estos cambios, el Gobierno de Giorgia Meloni retiró su veto, lo que permitió en enero reactivar el proceso para firmar el acuerdo en enero.

De este modo, Bruselas actuará cuando las importaciones de productos sensibles se incrementen de media un 5% y los precios caigan en el mismo porcentaje en un periodo de tres años (frente al 10% que propuso la Comisión en un primer momento).

En este sentido, tanto las autoridades nacionales como personas o empresas representantes del sector podrán solicitar que los servicios comunitarios inicien una investigación en caso de riesgo de perjuicio grave para un sector.

Además, el Ejecutivo comunitario deberá presentar al menos un informe cada seis meses ante la Eurocámara sobre la evaluación del impacto de las importaciones de productos sensibles.

A falta de que los Veintisiete den su visto bueno formal a las salvaguardas –último trámite antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE y entrada en vigor del mecanismo–, las medidas podrán activarse a partir de que el acuerdo interino se aplique provisionalmente.

El Partido Popular, cuyo eurodiputado Gabriel Mato es el ponente del aval europarlamentario, ha celebrado tras la votación que las salvaguardas asegurarán «una protección real y efectiva para los agricultores» una vez entre en vigor el nuevo régimen comercial con los países del Cono Sur. También ha destacado en un comunicado que se trata de una medida «fundamental», porque «permite actuar antes de que el daño al mercado sea irreversible».

«Las salvaguardas refuerzan la vigilancia del mercado, introducen criterios claros y objetivos para detectar perturbaciones y permiten una actuación más rápida en el caso de productos sensibles cuando existan indicios de perjuicio. Proporcionarán estabilidad y previsibilidad a los agricultores, al tiempo que preservan el equilibrio general del acuerdo», ha apuntado Mato.

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, por su parte, ha puesto en valor que «es un mecanismo diseñado para proteger al primer sector y reforzar el control de los productos que permitirá a la Unión Europea actuar con mayor rapidez en caso de perturbaciones». «Es un ejemplo claro de que estamos dispuestos a tomar todas las medidas que haga falta para que la liberalización comercial no se haga a costa del sector agrícola europeo», ha remachado.

El ponente en la sombra para Mercosur y negociador de las salvaguardas por los Socialistas y Demócratas (S&D), Francisco Assis, ha recordado que las salvaguardas buscan ofrecer garantías «sólidas» para el campo «siempre que el acuerdo se aplique», al tiempo que ha defendido que la Unión ha «tomado en serio» las preocupaciones expresadas por los agricultores.

Por contra, desde Vox han criticado la adopción de estas medidas de apoyo al campo al considerar que son «papel mojado», porque no forman parte del acuerdo con Mercosur, las consideran insuficientes y ven en su desarrollo un «laberinto burocrático imposible».

«Las salvaguardias no son una protección, son una coartada. No se activan automáticamente, llegan cuando el daño ya está hecho y no corrigen la competencia desleal», ha criticado, en este sentido, la eurodiputada de Vox en la comisión de Agricultura, Mireia Borrás.