Hacienda vuelve a aprobar los 157.731 millones de entregas a cuenta para CCAA, 7.477 millones para C-LM

Castilla-La Mancha recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia con un 7,5% más que en 2025

El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el decreto que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 157.731 millones de euros, y también permite a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 a gastarlo en inversiones financieramente sostenibles.

En el caso de Castilla-La Mancha, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 7.477 millones, un 7,5% más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de la liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la CCAA para este 2026 alcanzan los 7.795 millones, un 8,5% más que el pasado año.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha pedido el apoyo del PP en el Congreso para convalidar este decreto teniendo en cuenta que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

Y es que el Gobierno ya llevó estas entregas a cuenta al Congreso en una norma con otros asuntos conocido como decreto del ‘escudo social’, que finalmente fue rechazado por la mayoría de la Cámara Baja.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

Según ha explicado el ministro, a la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2016 alcanzaría los 170.300 millones, lo que supone un 7,7% más que el ejercicio anterior.

UNA TERCERA OPORTUNIDAD EN EL CONGRESO

Arcadi España también ha recordado que estas entregas a cuenta también se intentaron aprobar en el Congreso en diciembre del año pasado y finalmente se tumbaron, por lo que espera que la Cámara Baja finalmente acabe dando apoyo a esta medida.

Al respecto, ha pedido una «reflexión» al PP para convalidar este decreto, que, además de las entregas a cuenta, incluye otras medidas como las del superávit, que es una de las reivindicaciones que se han hecho desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

«Que no distingan entre lo que son intereses cuando están en una comunidad autónoma y sus intereses cuando votan en el Congreso de los Diputados», ha interpelado el ministro al PP.

¿A QUÉ DEDICA EL PP ESTOS RECURSOS?

Arcadi España ha continuado su alocución reivindicando el incremento de recursos para las comunidades autónomas, aunque ha preguntado a las regiones en qué están «destinando» este volumen extra de dinero inyectado por el Estado.

«¿A luchar contra las listas de espera? ¿A mejorar las condiciones de los profesores y profesoras, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?», ha lanzado el ministro de Hacienda.

Por ello, cree que es un «buen momento» para reflexionar sobre la gestión de los recursos por parte de las comunidades autónomas, que «ostentan» las grandes competencias del Estado del Bienestar.

TAMBIÉN PARA LOS AYUNTAMIENTOS

El decreto aprobado este martes también va destinado a las entregas a cuenta a entidades locales, que ascienden a 29.247 millones, un 8,8% más que el ejercicio pasado.

Sobre el superávit, los ayuntamientos podrán destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto, según el ministro, puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras.

Al respecto, ha explicado que esta medida puede afectar a más de 2.540 entidades locales con un volumen de recursos de 3.000 millones de euros.

Del mismo modo, se ha habilitado un régimen excepcional para que, en el caso de que los ayuntamientos reciban ese remanente que tienen, destinarlo a políticas de vivienda que se lo puedan gastar en los cuatro años siguientes.