Exclusión social afecta al 20% de población de C-LM con la «brecha generacional» como eje, según informe de Foessa

Cáritas y Fundación Foessa han presentado este miércoles el IX Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha, un estudio que determina que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región y que fija la «brecha generacional» como una de las claves de la construcción de una «sociedad desigual», con la vivienda y el empleo como «ejes articuladores» de la exclusión.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Marina Sánchez.

Según ha explicado Marina Sánchez, la exclusión social ha aumentado y ya afecta a 428.000 personas en la región, poniendo de manifiesto la «gran paradoja castellanomanchega» por la que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social.

De esta manera, aunque entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en un 11,7% en la región, el «estancamiento de los salarios en términos reales», así como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, hacen que «trabajar ya no garantice la inclusión social».

Una afirmación que, según Sánchez, se refleja en otro dato del informe de Foessa, ya que aunque entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 14%, los salarios en euros reales se han reducido en un 3,6%.

Todo esto hace que en Castilla-La Mancha se observe «un retroceso de las situaciones más favorables», las de «integración plena» y que, aunque mejore la dimensión laboral y la del consumo se mantenga «prácticamente estable», empeoren el resto, como son la vivienda, la educación, la salud, el conflicto y el aislamiento social «y especialmente la dimensión política».

La técnico de Fundación Foessa ha puesto el foco en que, además, «no fallan las personas, falla el sistema», desterrando «el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión». «Esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia», ha manifestado.

En este sentido, Marina Sánchez ha apuntado que «la mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión» pero «chocan con barreras estructurales».

Así, apunta que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión «pero se topan con dispositivos fragmentados» y con recursos «escasos y muy poco personalizados».

Sánchez ha vuelto a insistir en la vivienda como un «epicentro» de la desigualdad, aseverando que el 22% de la población castellanomanchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

En este punto, ha hecho hincapié en que los precios de compra y alquiler crecen «mucho más rápido que los salarios», apuntando que entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23%, «una cifra muy lejana al incremento de los salarios».

Unas cifras de riesgo que aumentan aún más en el caso del alquiler, donde según el informe el 47% de las personas que viven en este régimen están en riesgo de pobreza.

Todo esto se refleja en que 89.000 hogares de la región destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que «una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa».

Por otra parte, Marina Sánchez ha afirmado que el sistema de garantía de ingresos en la región «no está a la altura de las necesidades» ya que, aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ampliado su cobertura, solo llega al 51% de las personas en pobreza severa de la Comunidad Autónomo.

Una brecha que se justifica en que el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar de este ingreso. «La brecha no es solo administrativa, es informativa», ha puntualizado.

En todo caso, ha criticado que Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades autónomas que «han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas».

Y si el número de castellanomanchegos en exclusión social alcanza los 428.000, casi un 30% de la población se encuentra en riesgo de pobreza, lo que supone un total de 570.000 personas, un porcentaje «notablemente superior» al 19% del conjunto del país.

Pero «lo más preocupante», ha señalado la técnico de la Fundación Foessa, es que desde 2018 la tasa de pobreza se ha mantenido por encima del 25%, lo que habla de una «cronificación de la pobreza a pesar de las mejoras económicas globales o de los esfuerzos personales».

Por otra parte, el estudio señala que alrededor del 8% de la población de la región sufre carencia material y social severa, lo que hace que «casi 4 de cada 10 personas no puedan afrontar gastos imprevistos o que el 20% no puedan permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada», cifra esta última que ha subido desde el 14% del año 2018.

De otro lado, también empeoran los datos sobre problemas ligados al conflicto y al aislamiento social. En este sentido, apuntan que mientras entre los hogares integrados el aislamiento social se mantienen en niveles «muy bajos», esta situación se extiende hasta el 12% en el caso de los hogares en exclusión. «Quienes más carecen de redes y vínculos fuertes y sostenibles son también los que más los necesitan», ha declarado.

En cuanto a la discriminación, el informe indica que el 15% de los hogares castellanomanchegos dice haberla sufrido. El motivo de discriminación más repetido entre los hogares vulnerables es la nacionalidad o el origen, con un 31%, y hasta el 88% de las personas excluidas que sufren discriminación reportan pérdida de oportunidades «sobre todo en el empleo y en sus relaciones sociales».

Sobre esto, el informe manifiesta que las personas de nacionalidad extranjera enfrentan tasas sociales de exclusión social «casi tres veces superiores» a las de nacionalidad española, un 46% frente al 16% de la población española.

De igual modo, la infancia y la juventud también concentran una «vulnerabilidad singular», ya que la tasa de exclusión entre menores de 18 años alcanza el 36,5%, casi cinco veces superior a la de las personas de más de 65 años (7,6%).

Además, los hogares con dos o más menores presentan una incidencia de exclusión del 39%, lo que multiplica por cuatro la de hogares conformados solo por adultos (9%) y supone un aumento de 14,4 puntos porcentuales con respecto al año 2018.

Tras presentar todos estos datos, el informe apunta que seguir con las mismas políticas y valores conducirá «al colapso social y ecológico», por lo que propone un «cambio de paradigma» para pasar de «una sociedad centrada en el crecimiento y el rendimiento» a otra «basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica».

Un cambio que requiere «instituciones públicas fuertes y una sociedad civil activa» que sean «capaces de cooperar por el bien común» y que desarrollen «políticas integrales que actúen sobre las raíces de la desigualdad» y que «no solo reparen sino que prevengan la exclusión desde su origen».

Por su parte, el arzobispo ha sostenido que este estudio es una investigación «rigurosa y coherente» y ha deseado que sirva para «despertar conciencias, inspirar políticas valientes y promover una sociedad en la que nadie quede atrás y nadie quede descartado».

Mientras, la presidenta de Cáritas en la región ha asegurado que este informe es «una fotografía de la realidad» y espera que sirva para que «todos asumamos la cuota de responsabilidad que tenemos en la construcción de soluciones y oportunidades».