El Gobierno pedirá a las autonomías blindar de forma indefinida las VPOs para acceder a recursos del Estado

MADRID/TOLEDO 4 Jun. –

El Gobierno exigirá a las comunidades autónomas blindar de manera indefinida la calificación de viviendas de protección oficial (VPO) para poder acceder a los recursos del Plan Estatal de Vivienda, que para el periodo 2026-2030 el Ejecutivo quiere incrementar hasta los 4.000 millones de euros.

El Plan Estatal de Vivienda vigente caduca el próximo 31 de diciembre y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado que este viernes se celebra la Conferencia de presidentes autonómicos en Barcelona para mandar una carta a las autonomías en la que propone que el Plan Estatal pase de 2.700 a 4.000 millones.

Eso sí, el Gobierno se compromete a aportar esos 4.000 millones siempre y cuando los gobiernos autonómicos asuman una mayor corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones de euros, lo que equivaldría a que las comunidades pasasen de aportar el 25% al 40%.

Fuentes del Ejecutivo apuntan que además se va a poner sobre la mesa condicionar la concesión de fondos estatales a que los gobiernos autonómicos califiquen de manera perpetua las viviendas de protección oficial, pues hasta ahora muchas personas accedían a estas viviendas bajo este régimen y luego las vendían en el mercado libre a un precio muy superior.

Esas mismas fuentes apuntan que para que se produzca ese blindaje las comunidades autónomas no tienen que introducir ninguna modificación legislativa, pues ya tienen en su mano los recursos jurídicos para lanzar promociones en las que se recoja esa condición de blindaje permanente.

Además de buscar el destensionamiento en los precios de la vivienda, esta estrategia también busca incrementar el parque público de vivienda en España, que es significativamente más bajo que la media europea o en comparación con países como Austria o Bélgica.

Otra de las propuestas que Sánchez ha expresado en su carta a la cúpula de las comunidades autónomas es acabar con el monopolio de la información que tienen los portales privados y crear una base de datos pública que permita a las administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.

El Ejecutivo considera que las comunidades autónomas tienen información muy valiosa para analizar mejor el mercado de la vivienda, como pueden ser los registros de las fianzas de alquiler. Y es que los registros oficiales a los que accede el Gobierno tienen una base tributaria y tiene un decalaje de hasta dos años, lo que pone trabas al mejor análisis de la información.

De este modo, el Gobierno cree que si se pusieran en común todos los datos de las autonomías, País Vasco y Navarra y el Estado se haría un control mucho más efectivo del mercado de la vivienda y no se dependería de la información que aportan portales como Idealista o Fotocasa.