El Gobierno moviliza 280 millones de euros para Castilla-La Mancha a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

La Administración General asumirá todo el esfuerzo presupuestario de este año para que no haya «excusas» para no implementar el Plan

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, y que pone el foco en al acceso a vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables. Castilla-La Mancha gestionará 280 millones de euros del presupuesto total en los próximos 5 años

«Garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho (a la vivienda)», ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Además, tal y como avanzó ayer la ministra de Vivienda, el plan contará con una cláusula para garantizar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sigan cauces «objetivos, transparentes y público» tras el escándalo del reparto de VPO en ciudades como Alicante.

«Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecía que estaban esperando las entradas a un concierto (…) Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen», ha expuesto.

El 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

El plan, que cuenta con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, determina que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante.

Sin embargo, según ha indicado la ministra, el Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya «excusas» para no implementar el plan.

«Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandado por la ciudadanía, por el sector que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, con todas las aportaciones y que espero que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta a solventar el problema de la vivienda por parte de las comunidades autónomas», ha expuesto Rodríguez.

En esta línea, la ministra ha afirmado que para el plan se ha ahondado en las garantías jurídicas y es el plan más participativo, con 28 encuentros con las comunidades autónomas para conformarlo y con 400 aportaciones recibidas por parte del sector y que se han incorporado.

Asimismo, según ha detallado Rodríguez, el Consejo de Estado también ha estudiado el plan, ofreciendo un dictamen favorable, con algunas aportaciones que se han tenido en cuenta, que mejoran el plan y que darán «mayor tranquilidad» al mismo.

El Plan de Vivienda, que nace bajo el «paraguas» de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.

Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de «portales privados con intereses privado».

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según ha indicado la ministra de Vivienda, el plan también realizará una laboral fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

El calendario que maneja el Gobierno, tras la aprobación en Consejo de Ministros del nuevo Plan de Vivienda es realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas tras la aprobación del plan; y en mayo, llevar a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos, ya acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar a partir del segundo semestre los efectos del plan.

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.