El Consejo de Ministros aprueba en segunda vuelta la condonación de más de 83.000 millones de deuda autonómica

El Gobierno calcula que los gobiernos regionales podrán ahorrarse hasta 6.700 millones en intereses

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común.

Así lo ha detallado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que el Ejecutivo central ha aprobado esta medida en segunda vuelta.

Dicha medida, ha destacado Alegría, beneficiará directamente a todas las comunidades autónomas que quieran acceder a ella y al mismo tiempo permitirá corregir, por un lado, el sobreendeudamiento que viene derivado de la crisis financiera de 2010-2013, y por otro lado, mejorar su posición «a la hora de salir a los mercados», algo que ha calificado de «fundamental».

El Gobierno calcula que los gobiernos regionales podrán ahorrarse hasta 6.700 millones de euros en intereses, que, a partir de ahora, podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.

Alegría ha aprovechado para recordar que en estos últimos siete años de legislatura las comunidades autónomas han recibido del Estado más de 300.000 millones de euros más de los que recibieron con la administración precedente durante los siete años del anterior gobierno del PP.

En cualquier caso, Andalucía (18.791 millones) y Cataluña (17.104 millones) serán las CCAA más beneficiadas en términos absolutos, seguidas de C. Valenciana (11.210 millones); Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); CyL (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Asturias (1.508 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones).

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la medida proponiendo que se les compense de forma similar con sus sistemas forales.

A pesar del rechazo manifiesto del PP a la quita, el Gobierno ha ido vaticinado estas últimas fechas que las comunidades gobernadas por los ‘populares’ se terminarán acogiendo.

De esta manera, el Gobierno ha mandado ya este anteproyecto de ley al Congreso para que inicie su recorrido parlamentario y su intención es aprobar definitivamente la norma a lo largo del primer trimestre de 2026.

El Ministerio de Hacienda no tiene por el momento amarrados todos los votos en el trámite parlamentario de esta condonación de la deuda, ya que algunos socios como Junts han expresado sus dudas porque critican que sea extensible a todas las comunidades.

Una vez aprobada la ley, el Gobierno ha indicado que habrá un plazo «suficientemente amplio» para que las CCAA que así lo deseen se acojan a la condonación, y debe ser así, porque el Estado debe hacer una planificación de la nueva deuda que asuma, identificando qué tipo de deuda es y los plazos de devolución.

La metodología para estimar este reparto consta de tres fases. En la primera se ha calculado el diferencial entre el endeudamiento que registraron las CCAA durante el cierre de 2009 y el de 2013, y ese endeudamiento se compara con el registrado entre el cierre de 2019 y el de 2023. Esta primera fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total, vigente al cierre de 2023.

En la segunda fase se establece una condonación adicional a todas las CCAA que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. «Intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios», ha aclarado Montero.

Y en la última fase, Hacienda ha realizado dos ajustes para «mayor equidad»: «En primer lugar, identificar a la comunidad autónoma que registra una mayor condonación por habitante ajustado. En este caso, es la Comunidad Valenciana, que tendría 2.284 euros por habitante ajustado y, por tanto, es la cifra de referencia».

A continuación, se eleva la condonación de la deuda hasta alcanzar este mismo importe para aquellas CCAA que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.

El siguiente elemento es que se atribuye una condonación adicional a CCAA que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF entre 2010-2022. En concreto, las que hayan ejercido esta competencia por encima de la media podrán recibir una condonación adicional del 10%, que será del 5% en el caso de que se sitúe por debajo.

El proyecto de ley establece cómo se desarrollará el proceso de condonación de deuda por parte del Estado. Este será distinto en función de si la CCAA tiene deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o no.

En el primer caso, el Estado asumirá la deuda cancelando o amortizando los saldos vivos de esos préstamos con el FLA hasta que se alcance el importe asignado a dicha comunidad. Se empezará por los préstamos más antiguos hasta llegar a 2019, que podrá ser cancelado o amortizado en su totalidad.

A partir de ahí, y si esa región dispusiera aún de margen de condonación, se empezaría con las cantidades de 2024, para después pasar a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente y si fuera necesario.

Para las CCAA que no tienen cuentas pendientes con el FLA, se les solicitará que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional los datos de su cartera de deuda con terceros actores. Tras seleccionar las operaciones que puedan formar parte de la condonación, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado subrogue la posición deudora de estas autonomías, aunque con el previo consentimiento de los acreedores.