CSIF celebra el buen dato interanual en C-LM pero pone el foco en la calidad del empleo generado

TOLEDO 5 Ene. –

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, celebra la bajada del paro en el mes de diciembre en 984 personas, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 116.808 personas, 10.958 menos en términos interanuales.

CSIF destaca en nota de prensa que estos 116.808 parados representan la cifra más baja al término de un año desde 2007, además del aumento de la afiliación a la Seguridad Social, con 810.304 ocupados.

El problema continúa residiendo en la precariedad del empleo generado, apunta, para agregar que en diciembre aumentó un 3,8% la contratación temporal, una subida que habitualmente se produce en el último mes del año asociado al Sector Servicios y los contratos ligados a la campaña navideña. Hasta 26.179 contratos fueron por circunstancias de la producción.

De acuerdo a los datos de la Seguridad Social, las mujeres ocuparon mayoritariamente los contratos temporales registrados en diciembre: el 57% en contratos en jornada completa, un porcentaje que se eleva al 64,8% en las jornadas parciales. En cambio, las mujeres sólo representan el 42% de la contratación indefinida.

Estos datos muestran cómo las mujeres se ven obligadas a reducir su jornada laboral y acogerse a contratos temporales para hacer frente al cuidado de menores y familiares a su cargo, lo que afecta a la igualdad, conciliación y la corresponsabilidad.

Asimismo, en diciembre se produjo la pérdida de 998 afiliados a la Seguridad Social en la Administración Pública de la región. CSIF destaca que la pérdida de efectivos en los servicios públicos agrava las desigualdades y compromete seriamente la atención que se presta a la ciudadanía.

Por último, CSIF vuelve a recordar que CCOO y UGT, los cuales han percibido más de 51,6 millones de euros en subvenciones por parte del Gobierno regional, deberían restituir estas cantidades para ser reinvertidas en acciones que pongan fin a las desigualdades del mercado laboral de la región, proteger a los colectivos más vulnerables y reforzar los servicios públicos.