Consejo Transparencia C-LM registra 512 expedientes en el primer semestre de 2026, un 63,6% más que el año pasado

El 98% correspondieron a reclamaciones

Durante el primer semestre de 2026, el Consejo Regional de Transparencia de Castilla-La Mancha ha registrado 512 expedientes, frente a los 313 contabilizados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone 199 expedientes más en apenas un año y un incremento del 63,6% respecto del primer semestre de 2025.

En términos mensuales, el volumen de entrada ha pasado de una media aproximada de 52 expedientes al mes durante los seis primeros meses de 2025 a más de 85 mensuales en el mismo periodo de 2026.

De este modo, las cifras no solo muestran un importante incremento cuantitativo, sino también una «creciente utilización por parte de la ciudadanía de los instrumentos establecidos para hacer efectivo su derecho a conocer la actuación de las administraciones públicas», informa este órgano en nota de prensa.

De los 512 expedientes registrados entre enero y junio de 2026, 502 corresponden a reclamaciones, a las que se añaden 5 consultas, 4 denuncias y 1 queja. Las reclamaciones representan, por tanto, aproximadamente el 98% del total de expedientes registrados durante el semestre.

De los 512 expedientes, 440 tienen como Administración reclamada a un ayuntamiento, lo que representa aproximadamente el 86% del total. A continuación, se sitúa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con 54 expedientes, seguida de las diputaciones provinciales, con 11; las mancomunidades, con 3; y otros organismos o entidades, con 4. Estos datos ponen de manifiesto la especial incidencia que el ejercicio del derecho de acceso presenta en el ámbito municipal y refuerzan la importancia de continuar impulsando la transparencia y la formación en las entidades locales de Castilla-La Mancha.

Por destino de las reclamaciones, Toledo registra 288 expedientes. Le siguen Guadalajara, con 80; Albacete, con 50; Ciudad Real, con 23, y Cuenca, también con 23. Otros 48 expedientes corresponden al ámbito general de Castilla-La Mancha. En cuanto a la procedencia, se contabilizan 299 expedientes procedentes de Toledo, 79 de Guadalajara, 51 de Albacete, 21 de Cuenca y 19 de Ciudad Real, mientras que otras procedencias suman 43.

El análisis por tipo de información muestra que la información municipal, con 197 expedientes, constituye la categoría más numerosa. Le siguen urbanismo, con 59; medio ambiente, con 37; información presupuestaria, con 34; y empleo público, con 33. También se registraron expedientes relacionados con información jurídica (9), contratación pública (7), subvenciones (6) y publicidad activa (3), mientras que otros asuntos suman 118 expedientes.

La distribución refleja la diversidad de materias sobre las que se ejerce el derecho de acceso y la especial relevancia de aquellas directamente relacionadas con la gestión cotidiana de los municipios. Más del 90 % de los reclamantes son personas físicas Las estadísticas del semestre muestran asimismo un claro predominio de las personas físicas entre quienes acuden al Consejo. De los 512 expedientes, 462 corresponden a personas físicas y 50 a personas jurídicas, por lo que las primeras representan algo más del 90 % del total.

El incremento de los expedientes se ha producido, además, manteniendo la actividad ordinaria e institucional del Consejo y el desarrollo del resto de las funciones que tiene atribuidas. Durante este periodo se ha trabajado también en la preparación de nuevas jornadas de formación y divulgación en materia de transparencia e integridad.

La programación comenzará el próximo 23 de septiembre con la primera de las II Jornadas de Transparencia para Entidades Locales de Castilla-La Mancha, dedicada a la publicidad activa, que se celebrará en las Cortes de Castilla-La Mancha.

A esta actividad se suma el desarrollo y la puesta en marcha de las funciones del Consejo en materia de protección de las personas informantes, en el marco de la normativa reguladora de la protección de quienes informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción La incorporación efectiva de estas competencias amplía el ámbito de actuación del Consejo y añade una nueva dimensión a su labor de garantía de la transparencia y la integridad pública.