CCOO C-LM alerta de que el precio del alquiler supone un problema insostenible para el personal público desplazado

TOLEDO 5 Nov. –

Comisiones Obreras en la región ha solicitado medidas para paliar el impacto que el coste de la vivienda de alquiler tiene para las personas empleadas públicas que tienen que desplazarse a otras localidades para incorporarse a sus puestos de trabajo en la administración.

Un documento que firman las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza, Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla-La Mancha que han trasladado en rueda de prensa, sobre la problemática que está suscitando para miles de empleados y empleadas públicas.

La secretaria general de la FSC, Carmen Juste, ha indicado que para buena parte del personal el coste de acceder a una vivienda próxima a su destino temporal es desproporcionado, más aún, «cuando muchas de estas personas tienen contratos de un tercio de jornada o media jornada para desempeñar sus funciones durante unas semanas o incluso días», ha informado el sindicato en nota de prensa.

«Son personas que tienen que mantener dos viviendas abiertas: la suya y aquella allí donde les ha salido plaza vacante. En algunos casos es difícil encontrar y en otros el precio hace inviable el traslado.

Algo a lo que se ven obligados para no ser expulsados de la bolsa».

La renuncia al destino obtenido, como ya está ocurriendo, genera además inestabilidad en las plantillas y la difícil cobertura de algunas plazas.

MEDIDAS CONCRETAS

El Área Pública de CCOO Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Administraciones Públicas que se articulen medidas específicas como la elaboración de un mapa de zonas de especial dificultad de acceso a la vivienda; mecanismos específicos para evitar que el coste de la vida constituya una barrera para la aceptación de determinados destinos; el estudio de ayudas y compensaciones vinculadas al alojamiento y/o desplazamiento en destinos con especial dificultad; la colaboración con otras administraciones públicas para facilitar viviendas de alquiler asequible en zonas tensionadas, y la revisión de los procedimientos de adjudicación y de las consecuencias de no aceptar determinados destinos cuando se acredite la imposibilidad de alquilar una vivienda compatible al nivel de ingresos.

Desde la Federación de Enseñanza, su secretaria general Ana Delgado ha puesto como ejemplo las dificultades para cubrir la especialidad de matemáticas en La Sagra toledana. «Tenemos profesorado que es imposible cubrir porque se tienen que desplazar de forma temporal y no encuentran para ese tiempo determinado o se les va el sueldo directamente».

Delgado ha explicado que se ha solicitado que en todas las mesas de negociación se incluyan las circunstancias que atañen a la vivienda ya que «los docentes tienen una penalización cuando renuncian a un puesto de trabajo y es la expulsión de la bolsa».

«Si no aceptas el puesto estás fuera hasta que se vuelvan a convocar oposiciones y por tanto no van a poder trabajar». El problema es muy similar o incluso más complejo en el caso de la sanidad sometido a una mayor rotación de contratos.

Pilar Ramos, secretaria general de esta federación, ha descrito que muchos de los contratos de interinidad son para cubrir bajas muy cortas o reducciones de jornada en puestos cuyos salarios apenas superan el SMI en las escalas más bajas de la administración sanitaria.

«Se están dando casos de personas que, no solo comparten piso, sino que se ven obligadas a rotar el uso de la habitación dado que trabajan por turnos. Se va a trabajar uno y entra otro. Si queremos seguir trabajando y que no nos penalicen nos vemos obligados a esto» ha lamentado.

Hay puestos de difícil cobertura, de personal facultativo y de enfermería especialista, fundamentalmente en zonas rurales, pero también en grandes ciudades.

«Si un administrativo que está viviendo en Alcázar de San Juan se tiene que ir a Illescas para un día, gasta más en gasolina que lo que va a recibir, pero lo tiene que hacer para seguir en bolsa». Es por ello que ya se ha solicitado en la mesa de negociación del pacto de bolsa que se zonifiquen las contrataciones.

El Área Pública de CCOO pide a la Junta que sea sensible a esta problemática que va más allá de las condiciones salariales ya que «las condiciones materiales que permiten desarrollar y mantener el empleo también deben ser tenidas en cuenta por una administración que aspira a desarrollar una política integral de fortalecimiento de los servicios públicos».