C-LM sigue estando entre las CCAA con más nivel de deuda sobre su PIB en el segundo trimestre, al registrar un 28,1%

El Ejecutivo regional destaca que la región ha reducido en un 1,2% el peso de su deuda respecto al último año

La ratio de deuda de las administraciones públicas se situó en el segundo trimestre del año en el 101,4% del Producto Interior Bruto (PIB), 1,8 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe ‘récord’ de 1,763 billones de euros, de acuerdo los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En el caso de Castilla-La Mancha, con un 28,1%, sigue estando, junto a Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40%, Región de Murcia (30,8%) y Cataluña (28,1%), entre las comunidades con mayores niveles relativos de deuda.

En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1,763 billones de euros entre abril y junio de 2026, lo implica un crecimiento interanual del 4,3%, superando el máximo histórico anotado el trimestre precedente (1,740 millones).

No obstante, la ratio de la deuda en relación al PIB se ha reducido en 1,8 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año pasado, hasta situarse en el 101,4%, misma tasa que el en el primer trimestre de 2026.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100% y se sitúe en el 99,3%, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100% un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.

SUBE EN VOLUMEN LA DEUDA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1,613 billones de euros en junio de 2026, lo que representa el 92,8% del PIB, frente al 94,5% de 2025. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4,2%.

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 136.178 millones, un 7,9% superior al observado un año antes, un 7,8% en términos del PIB.

Esta variación de la deuda se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte sustancial de su desequilibrio presupuestario. Estos préstamos no afectan a la deuda del total del sector Administraciones Públicas por tratarse de operaciones financieras entre subsectores.

CINCO CCAA POR DEBAJO DEL UMBRAL DEL 13% DEL PIB

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el segundo trimestre de 2026 la deuda de las comunidades autónomas (CCAA) fue de 355.241 millones de euros (20,4% del PIB), con un crecimiento interanual del 3,6%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (8,4%), Canarias (10,9%), País Vasco (11,7%), Madrid (12,3%) y Asturias (12,5%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40%, seguida de la Región de Murcia (30,8%), Cataluña (28,1%) y Castilla-La Mancha (28,1%).

De su lado, la deuda de las corporaciones locales se situó en 21.394 millones de euros (1,2% del PIB), un 8,3% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 6.700 millones de euros, mientras los que no son capitales de provincia acumularon 10.400 millones de euros, y el resto de corporaciones sumaron 4.100 millones de euros.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 18,9% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.500 millones de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 1.500 millones de euros, seguido por Barcelona (1.200 millones) y Zaragoza (unos 500 millones).

En términos de deuda por habitante, Zaragoza presentó la cifra más elevada con 724 euros, seguida de Barcelona (711 euros) y Murcia (530 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Valencia con 72 euros y a Bilbao con 137.

POR INSTRUMENTOS

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 3,6%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 5,3% con respecto a junio de 2025.

Por su parte, la tasa de variación interanual en el segundo trimestre de 2026 de los instrumentos a corto plazo presentó un aumento del 12,6%.

C-LM, SEGUNDA REGIÓN QUE MÁS REBAJA SU DEUDA

Según el Gobierno regional, Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su producto interior bruto (PIB) respecto al último año. Según los datos publicados por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestre de 2026, la región pasa de los 29,3 puntos porcentuales a los 28,1.

«Esto se traduce en una reducción total de 1,2 puntos, cifra solo superada por Navarra –que tiene régimen foral de financiación–, mientras que la reducción del peso de la deuda en el conjunto de las comunidades autónomas del país solo ha sido de 0,5 puntos en el mismo periodo», indica el Ejecutivo en nota de prensa.

«Además, Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera región con mayor reducción en este indicador, pasando del 35,3% en junio de 2015 al 28,1% en junio de 2026, lo que se traduce en una reducción total de 7,2 puntos, 3,4 más que la media nacional».

El Ejecutivo asegura que está haciendo «compatible mantener unas finanzas públicas saneadas con el compromiso de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica en la Comunidad Autónoma».