C-LM será destinataria de 123.475.931 euros para políticas activas de empleo tras el reparto acordado por Trabajo y CCAA

Andalucía y Cataluña serán las comunidades que más cuantía recibirán con 417,9 millones y 414,2 millones respectivamente

Castilla-La Mancha será receptora de 123.475.931 euros para políticas activas de empleo, según se ha acordado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, en la que se ha realizado la distribución territorial del total de 2.571,9 millones de euros de estos fondos.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha celebrado el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Trabajo, señalando que del emolumento total, «el 55% va a políticas activas de empleo en estricto sentido, algo más de 67-68 millones de euros. Y luego también a formación profesional, que es donde estamos trabajando mucho en el Gobierno regional».

«En su conjunto, como digo, más de 124 millones de euros que nos van a permitir emplearlos en las personas, especialmente en las personas que tienen mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo», ha señalado la consejera, destacando también la «aprobación de la Estrategia Española de Políticas Activas de Empleo y el Plan de Empleo Digno 2025, pues las grandes estrategias que marca el Ministerio y que tienen que ver con las personas desempleadas de larga duración, con las que vamos a seguir trabajando».

«Es muy beneficioso para el conjunto de las necesidades del mercado de trabajo y también nuestros jóvenes y mujeres», ha afirmado.

El reparto de estos fondos contará con Andalucía y Cataluña como las regiones con mayor volumen de ayuda, con 417,9 millones y 414,2 millones, respectivamente. A Andalucía y Cataluña les siguen la Comunidad de Madrid con 344,6 millones, Valencia con 243,3 millones y Galicia con 195,4 millones como los territorios que más cuantía recibirán para políticas activas de empleo.

Esta inversión presupuestaria permitirá gestionar los programas de empleo y formación para el trabajo que les correspondan normativamente y estén consignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además, incorpora un marco de financiación plurianual hasta el año 2029 para dar continuidad a la ejecución de las políticas activas de empleo y proporcionar estabilidad al Sistema Nacional de Empleo.

De esta manera, cada comunidad autónoma percibirá el 70% del importe asignado en base a los criterios de aplicación del artículo 62.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero de Empleo.

El programa destinado a reforzar los medios personales dedicados a labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo con 3.000 personas y las subvenciones destinadas a financiar la formación en materias relativas al diálogo social y la negociación colectiva se distribuirán en la misma cantidad asignada a cada comunidad autónoma en 2024.

La cantidad restante, que supone un 28,91% del total de fondos asignados en 2025, se distribuirá entre las comunidades autónomas en función en del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el los Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) de 2024.

Para ello, se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado en las atenciones que mayor impacto positivo tuvieron en la empleabilidad, el porcentaje de personas perceptoras de prestaciones atendidas, el esfuerzo dedicado a la formación, la calidad de sus redes de orientación laboral, y el valor obtenido en los Índices de Cumplimiento de Objetivos definidos en el PAFED 2024.

Un 20% de los fondos asignados en 2024, esto es 514.392.206 euros, se orientará al desarrollo de los objetivos relativos a las atenciones que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad según se indique en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno de 2025.

De esta manera, los fondos que recibirán las comunidades se repartirán en torno a estas iniciativas y programas: a servicios y programas de Políticas Activas de Empleo (empleo y formación), 1.424 millones de euros; a iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas ocupadas y desempleadas que no corresponden a certificados profesionales, 440,5 millones; a iniciativas de formación en alternancia en el empleo, 633,6 millones y a modernización Servicios Públicos de Empleo, 73,5 millones.

Además, estos 633 millones se destinarán a colectivos prioritarios como ciudadanos de etnia gitana, parados y paradas de larga duración y personas jóvenes.

Su impacto en la mejora de la empleabilidad será evaluado dentro del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno 2025. Además, se orientarán al desarrollo de las iniciativas que hubieran mostrado un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad.

Además, por primera vez se priorizan fondos para la formación en algoritmos, inteligencia artificial, prevención de riesgos frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

Respecto a la formación para el trabajo, estos fondos financiarán, la formación en alternancia, la formación con compromiso de contratación, la ligada al diálogo social y la negociación colectiva y así como las convocatorias de formación de oferta para ocupados cuando estas acciones formativas no estén ligados a los certificados profesionales y estén vinculadas al Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo.