C-LM reafirma su compromiso con la protección de menores migrantes y dice que necesitan respuestas «rigurosas y humanas»

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su compromiso con la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia migrante durante la inauguración de las IV Jornadas de Infancia y Familia de carácter regional, organizadas por la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM) bajo el título ‘Nuevos retos con la infancia y adolescencia migrante en Castilla-La Mancha’.

En representación del Ejecutivo autonómico han participado la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, y la directora general de Inclusión Educativa y Programas, María Ángeles Marchante, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Tello ha subrayado que «en Castilla-La Mancha hablamos de infancia, sin apellidos», remarcando que todas las niñas, niños y adolescentes son titulares plenos de derechos, con independencia de su origen o situación administrativa. Durante su intervención también ha puesto el acento en la complejidad y el carácter prioritario de la atención a la infancia migrante, una realidad que «interpela directamente a nuestro sistema de protección y que exige respuestas rigurosas, coordinadas y profundamente humanas».

En este sentido, ha señalado que los perfiles de la infancia y la adolescencia que llegan al sistema de protección han cambiado, lo que obliga a adaptar los recursos y a revisar de manera constante las políticas públicas.

Por su parte, la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marián Marchante, ha subrayado el compromiso de Castilla-La Mancha con la inclusión educativa de niños y niñas migrantes, a quienes ha reconocido como «sujetos de pleno derecho, garantizando una educación equitativa e inclusiva independientemente de su origen».

«Para ello, se desarrollan planes de acogida, acción tutorial y acompañamiento personalizado, junto con la formación del profesorado, el apoyo de orientadores y coordinadores de bienestar y programas de refuerzo como PROA y Éxito Educativo», ha añadido Marchante.

Estas actuaciones se complementan con estrategias de bienestar socioemocional, recursos educativos en varios idiomas, programas lingüísticos específicos y ayudas económicas, con el objetivo de que la escuela sea un espacio seguro donde todos los niños y niñas puedan aprender, crecer y sentirse parte de la comunidad.

La directora general de Infancia y Familia ha destacado algunos de los retos estructurales que afronta el sistema de protección, como la presión sobre los recursos de acogida, la necesidad de una atención más individualizada, la seguridad jurídica de los menores o el acceso a una adecuada atención psicológica. «Muchos menores llegan con cargas emocionales importantes derivadas de su proceso migratorio y la protección no puede limitarse a cubrir necesidades materiales», ha afirmado.

Uno de los aspectos centrales de su intervención ha sido la transición a la vida adulta, que ha definido como una prioridad estratégica para el Gobierno regional. «La mayoría de edad no puede convertirse en una frontera de exclusión. Acompañar a estos chicos y chicas en su paso a la autonomía, con itinerarios realistas de formación, empleo y vivienda, es fundamental y debe comenzar desde los primeros momentos de la tutela», ha señalado.

Asimismo, Tello ha remarcado la importancia del trabajo en red y la coordinación interadministrativa, destacando el papel del Tercer Sector, de los sistemas educativo y sanitario y de las entidades locales. «Proteger a la infancia migrante es una responsabilidad pública, una obligación legal y un compromiso ético de toda la sociedad», ha añadido.

Las jornadas, que se han celebrado a lo largo de la mañana, han contado con la participación de profesionales de distintas administraciones, universidades y entidades sociales, abordando cuestiones como los discursos en torno a la infancia migrante, la diversidad como reto educativo, la atención psicológica o las segundas generaciones, además de la presentación de informes y buenas prácticas desarrolladas en Castilla-La Mancha.

La directora general ha concluido animando a las personas participantes a aprovechar este espacio «no solo para el análisis, sino para la construcción colectiva de propuestas que nos ayuden a seguir avanzando hacia un sistema de protección más justo, más coordinado y más centrado en las personas», reafirmando el compromiso del Gobierno regional con el interés superior del menor y con un modelo de atención que garantice la inclusión y la cohesión social en Castilla-La Mancha.