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Publicado 18 Jun 2026 15:35
MADRID/TOLEDO 18 Jun. –
Cataluña es la comunidad que más dinero destina a las indemnizaciones para la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. En total, esta región ha destinado más de 52,7 millones de euros para complementar las indemnizaciones otorgadas por el Estado a las personas represaliadas por causas políticas. Por su parte, Castilla-La Mancha ha otorgado más de 3,2 millones de euros para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura entre los años 2002-2003 y 2004-2008.
Según el informe publicado este jueves por la Comisión Técnica de la Ley de Memoria Democrática, Cataluña ha repartido los más de 52,7 millones de euros a 22.512 personas, de las que 546 son mujeres y 21.966 hombres a través de dos decretos que desarrollan la Ley 46/1997 de amnistía.
En segundo lugar se sitúa Andalucía, que ha destinado más de 9,4 millones de euros para hacer frente a las compensaciones para un total de 2.522 víctimas. Sobre el total, al menos 128 indemnizaciones corresponden a mujeres represaliadas por razones de género durante la dictadura franquista, en aspectos como el honor, la intimidad y la propia imagen, a las que se le concedieron 241.000 euros.
Asturias, tercera autonomía con mayores cuantías según el documento publicado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha entregado 3,4 millones de euros a raíz de las 983 indemnizaciones aprobadas entre los años 2000 y 2001.
Esta autonomía, además, reconoce que la información facilitada a la cartera que encabeza Ángel Víctor Torres es «parcial» porque «podría haber en principio datos de otros años, pero no se han logrado localizar».
La Comunidad Foral de Navarra ha entregado unos 495.000 euros a través de 153 indemnizaciones aprobadas. Además, esta región ha denegado también unas 129 solicitudes.
Finalmente, las Islas Canarias han proporcionado unos 324.000 euros a las víctimas en 61 indemnizaciones concedidas a personas del colectivo LGTBI que fueron perseguidas o socialmente discriminadas durante el franquismo y además, cumplen una serie de requisitos adicionales como ser mayores de 55 años o estar en situación de ausencia de recursos económicos disponibles.
El archipiélago canario también reconoce otras indemnizaciones también a raíz de la Ley 46/1977, pero el Ministerio «desconoce» la cuantía «por no haber sido facilitada por la Comunidad Autónoma».
AUTONOMÍAS QUE NO APORTAN DATOS CUANTITATIVOS
El informe del Ministerio de Política Territorial también desglosa los decretos utilizados para otorgar indemnizaciones en Aragón, País Vasco, Extremadura, las Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, y la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, estas autonomías no han aportado información cualitativa al respecto por lo que el documento no informa sobre las cantidades que las víctimas de estas comunidades autónomas han recibido.
En este sentido, el Ministerio recuerda que «la falta de información (…) no implica necesariamente inexistencia de actuaciones, sino ausencia de datos disponibles o remitidos a esta comisión».
Por otro lado, el informe explica que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han indicado que no tienen ninguna iniciativa de reparación económica de las víctimas y que la comunidad autónoma de Galicia no ha facilitado sus datos ni ha sido posible para el Ministerio recopilarlos.
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