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Publicado 27 Nov 2025 16:14
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, con los únicos votos a favor del PSOE, pues tanto el Grupo Parlamentario Popular como Vox han votado en contra.
La ponente del dictamen, la socialista Ana Isabel Abengózar, ha expuesto que esta reforma viene obligada por ley y no es en ningún caso «caprichosa» sino «necesaria para que el sistema se implemente con todas las garantías». «Europa nos lo exige, España lo regula y Castilla-La Mancha lo cumple».
La modificación integra en el Consejo Regional la figura de autoridad independiente de protección del informante «y lo hace de una forma técnicamente rigurosa, jurídicamente coherente y políticamente responsable», según ha detallado Abengózar, que ha especificado que las 27 enmiendas del PSOE incorporadas al texto «era y siguen siendo de carácter estrictamente técnico».
Ha criticado en este punto las diez enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vox –rechazadas con los votos de los socialistas– que solo pretenden «confundir» y en las que se abordan «cuestiones que exceden el marco legal del Reglamento, duplicando contenidos ya recogidos en la legislación estatal o proponiendo ampliaciones que la ley no permite», cuando la modificación aprobada este jueves evitará «precisamente eso, contradicciones, duplicidades y vacíos legales».
«Con esta reforma, el Consejo Regional de Transparencia refuerza su papel como garantía de transparencia, buen gobierno, integridad pública y protección del informante, de modo que el Consejo es más fuerte, más independiente y más garantista» y refuerza su papel «como una institución al servicio de la ciudadanía» preservando «su naturaleza como órgano independiente adscrito a las Cortes con autonomía orgánica y funcional».
La socialista ha asegurado que con esta modificación se unifican «en un mismo órgano independiente dos funciones inseparables en cualquier democracia avanzada, la transparencia y la protección del informante, porque no puede haber transparencia sin mecanismos que permitan denunciar irregularidades y no puede haber integridad pública sin un órgano independiente que garantice que quien denuncia está protegido».
Desde el Grupo Parlamentario Vox el diputado Luis Blázquez ha sido el encargado de defender las diez enmiendas de su grupo –que «mejoran técnicamente el texto», son «necesarias» y «socialmente útiles», ha considerado–, señalando que con ellas no buscan «bloquear, ni entorpecer, ni retrasar nada» sino «mejorar el texto, depurarlo, limpiarlo de anglicismos, de ese lenguaje artificial e ideológico que algunos insisten en introducir como si fuese obligatorio».
Blázquez ha avanzado que su grupo no apoyará esta reforma porque «crea más estructura, crea más cargos y crea, sobre todo, duplicidades» y «Castilla-La Mancha no necesita más entes, no necesita ni más organismos ni más cargos públicos, lo que necesita es eficacia, más ética y más responsabilidad», agregando, además, que este Consejo Regional «es una duplicidad del Consejo Estatal».
También ha recriminado al PP que «sorprendentemente» no presentase ninguna enmienda a esta modificación del Reglamento y que incluso en la Comisión donde se abordó «se limitó a ponerse de perfil» ante las de Vox y PSOE, evidenciando una nueva «manifestación del bipartidismo de siempre, el mismo bipartidismo que vimos también en la reforma exprés del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha».
No obstante, ha aplaudido que los ‘populares’ hayan cambiado el sentido de su voto, para hacerlo en contra de la modificación, cuando en la Comisión de Asuntos Generales que vio las enmiendas se abstuvo.
La parlamentaria del PP, Carolina Agudo, ha adelantado también el voto en contra de su grupo a esta reforma del Reglamento del Consejo de Transparencia, que llega «envuelta en palabras bonitas, envuelta en tecnicismos y en supuestas obligaciones legales», a pesar de lo cual «basta con rascar medio milímetro a la reforma para ver lo que hay detrás» que «no es otra cosa que más control del Gobierno sobre el Consejo, del blindaje de los suyos, de los socialistas y, por supuesto, cero independencia del órgano».
«El Consejo Regional de la Transparencia de Castilla-La Mancha ya nació monocolor y lo que ustedes quieren hoy para rematar es reformar su Reglamento para asegurarse que siga siendo monocolor», con el objeto de «controlar el relato», ya que «esto no va de lo que exige Europa o de lo que exige la legislación española, tampoco va de proteger al informante. Esto va de proteger al Gobierno de Emiliano García-Page».
Algo que, a su juicio, «es muy preocupante y muy peligroso para cualquier democracia», preguntándose qué integridad puede tener un Consejo «que depende íntegramente del partido que hoy gobierna Castilla-La Mancha», qué confianza puede tener un funcionario o un ciudadano que acude al Consejo a denunciar un acto corrupto «cuando sabe que el medio, que el canal, depende del propio Gobierno de Castilla-La Mancha» o «cómo se puede proteger a un denunciante cuando el que recibe la denuncia depende del denunciado».
Agudo ha exigido que el Reglamento del Consejo «sea restituido a su función original», a lo que se aprobó el 20 de julio de 2023, «con consenso y con el acuerdo de los dos grupos políticos, para dotar a este Consejo de vigilancia al poder y no de protección», convencida de que «cuando un Gobierno se niega a garantizar la transparencia lo que intenta es proteger» no su gestión «sino sus sombras».
Ana Isabel Abengózar, en su réplica, ha arremetido contra Vox por considerar lenguaje ideológico «todo lo que no coincide con su ideología», y contra el PP por no haber participado, a través de la elaboración de enmiendas, en la elaboración del nuevo Reglamento del Consejo, pudiendo así haber así mejorado un texto, en el que ha negado que haya habido «imposición».
Sobre las enmiendas de Vox, ha criticado que haya vuelto a «sembrar dudas sobre todo lo que funciona en nuestro Estado de Derecho» con el discurso de «difamar a los partidos que representan a la mayoría social de esta región» y «presentar cualquier avance democrático como una conspiración o un chiringuito», algo que ha rechazado, alegando que «esta reforma no crea ningún órgano nuevo ni ningún chiringuito ni ningún espacio de privilegio».
Según la socialista, el voto en contra de Vox se explica en que «rechazan cualquier fortalecimiento democrático que no controlen ellos», algo que le ha pasado igualmente al PP, que solo ha hecho «ruido» en este pleno, porque «han tenido todo un trámite parlamentario para poder modificar el texto del Reglamento que hoy dicen que no les gusta».
En último término, Ana Isabel Abengózar ha incidido en que la reforma «adapta el Reglamento del Consejo Regional de Transparencia a la nueva Ley de Integridad Pública que convierte al Consejo en la autoridad independiente de protección del informante», y «no se crea ningún órgano nuevo ni se genera más gasto».
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