C-LM, entre las regiones donde más aumenta la asistencia letrada al detenido

MADRID/TOLEDO 19 Jun. –

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita realizadas por los ciudadanos a lo largo de 2025 alcanzaron los 1,15 millones, lo que supone un aumento del 1,7 por ciento con respecto al año anterior, mientras que los abogados adscritos al turno de oficio fueron 38.871, un 2,7 por ciento menos que en 2024. Castilla-La Mancha, con un aumento del 11,3%, se sitúa entre las regiones donde más aumenta la asistencia letrada al detenido.

Así lo recoge el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Departamento de datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), sobre el servicio prestado en 2025 y que confirma un año más la demanda creciente de un servicio «esencial para garantizar el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de las personas más vulnerables».

Las comunidades autónomas con el mayor número de solicitudes fueron Cataluña, con 267.002, lo que supone un 23,1% del total; seguida de Andalucía, con 232.766 solicitudes, el 20,1 por ciento), Madrid (158.945 solicitudes, el 13,8 por ciento) y Comunidad Valenciana (126.233, el 10,9 por ciento).

Durante la presentación del observatorio, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha destacado «el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia». González ha subrayado que el esfuerzo de miles de abogadas y abogados «constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho».

En ese sentido, ha reclamado una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas.

A pesar del aumento de las solicitudes, cada vez son menos los abogados adscritos al turno de oficio y mientras que el número total de abogados aumenta de 148.867 a 149.515 (648 profesionales más, un crecimiento del 0,4% por ciento), los adscritos al turno de oficio disminuyen.

En 2025 continuó la tendencia descendente del número de abogados y abogadas inscritos al mismo, hasta los mencionados 38.871. El descenso acumulado desde 2020, cuando había 45.275 adscritos es del 14,1 por ciento. De los profesionales adscritos al turno de oficio, el 52 por ciento son hombres y el 48 por ciento, mujeres.

Las comunidades autónomas con más abogados adscritos al turno fueron Andalucía (8.279), Cataluña (5.722), Madrid (5.631), Comunidad Valenciana (4.475) y Galicia (2.614).

«La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones», ha destacado el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Ángel Méndez.

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES

La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2 por ciento, hasta superar los 355 millones de euros. Este aumento se debe al aumento de las solicitudes y a que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año.

La comunidad autónoma que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones). Los mayores crecimientos se encuentran en Aragón, con un 17,8 por ciento, seguida de La Rioja, con un 12,3 por ciento; Ceuta con 11,7 por ciento y Asturias, con 8,5 por ciento.

La inversión media por ciudadano fue de 7,25 euros al año, cantidad que varía mucho de unas comunidades a otras. Esta cifra se ve afectada por el número de solicitudes y por del volumen de asuntos de extranjería. Las comunidades con mayor inversión fueron Ceuta (19,13 euros); Canarias, (11,41 euros) y Melilla, (11,32 euros).

Méndez ha destacado la necesidad de una nueva ley: «Tras 30 años, la ley está obsoleta. El sistema necesita una reforma profunda que garantice su futuro: los baremos que retribuyen a los profesionales del Turno de Oficio deben revisarse y actualizarse de forma adecuada. No es razonable exigir un servicio público esencial del siglo XXI con una financiación anclada en parámetros del pasado».

DISTRIBUCIÓN DE IMPORTES POR CONCEPTO

En turno de oficio crece un 2,2%. Los incrementos más destacados son Aragón (26,1 por ciento), seguido de Ceuta (14,1 por ciento), País Vasco (8,5 por ciento) y Galicia (6,5 por ciento).

La asistencia letrada al detenido aumenta un 5,9 por ciento y es la partida que más crece entre las grandes áreas operativas. Las mayores subidas son en La Rioja (21 por ciento), Castilla y León (17,3 por ciento), Valencia (12,3 por ciento) y Castilla-La Mancha (11,3 por ciento).

En violencia de género aumenta un 1,1 por ciento a nivel nacional, siendo las más grandes Galicia (18,4 por ciento), Asturias (14,7 por ciento), Cataluña (12,2 por ciento) y País Vasco (10,8 por ciento). Las designaciones de abogados subieron un 0,02 por ciento.

En materia de violencia de género suben un 5,1 por ciento, mientras que en extranjería bajan un 12,6 por ciento. En relación con los procedimientos judiciales, la diferencia entre territorios resulta especialmente significativa.

Por ejemplo, la compensación prevista para un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio (zona común) asciende a 291 euros, mientras que por la misma actuación se abonan 782 euros en el País Vasco, 442,21 euros en Galicia, 440 euros en la Comunidad Valenciana y 427,51 euros en Cataluña.

Asimismo, en materia de violencia de género los datos del observatorio observan importantes disparidades retributivas. Mientras que en el territorio Ministerio la asistencia individualizada en un procedimiento penal se remunera con 87,63 euros, en otras comunidades autónomas los importes son sensiblemente superiores, hasta 139,65 euros; en Galicia, 128 euros en la Comunidad Valenciana; 122 euros en Canarias y 110 euros, en Cantabria.

La Abogacía ha recordado que el acceso a la justicia gratuita en España se basa en la valoración conjunta de la situación económica, patrimonial, personal y familiar del solicitante, para determinar si dispone de recursos suficientes para afrontar los costes de un procedimiento judicial. Esta revisión la realizan las comisiones de asistencia jurídica gratuita.

Tienen derecho a la justicia gratuita las personas que acrediten carecer de medios económicos suficientes conforme a los límites establecidos por la ley. Con independencia de su nivel de ingresos, también pueden acceder a ella víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

«La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del turno de oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar», ha concluido el presidente de la Abogacía Española.