C-LM autoriza a sus servicios jurídicos recurrir el decreto de reparto de menores migrantes por falta de financiación

TOLEDO 10 Jun. –

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado recurrir el decreto sobre reparto de menores migrantes y autorizar a sus servicios jurídicos a llevarlo a cabo ante la falta de financiación del mismo por parte del Ejecutivo central.

Así lo ha dado a conocer la consejera portavoz del Gobierno castellanomanchego, Esther Padilla, quien ha señalado que las autonomías necesita recursos para asumir la tutela de menores y que este decreto, del que ha lamentado que se haya aprobado sin diálogo entre las regiones, «venga además sin compensación económica»

«Por lo tanto pone en grave riesgo esa garantía del interés superior de los menores», ha considerado Padilla, quien ha querido dejar claro que la Junta «comparte la solidaridad necesaria» que se necesita, que «no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas».

Sin embargo, ha afirmado que acoger «no es solo abrir la puerta» sino que se trata de acoger con dignidad, por lo que ha criticado que la situación que plantea el decreto «impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad con la que ya lo está haciendo.

«Así que recurrimos este decreto porque Castilla-La Mancha no recibe ni un euro de financiación para atender a 500 niños y niñas que el Gobierno unilateralmente ha decidido que tienen que venir, más de los que ya atendemos», ha sostenido.

Padilla ha señalado que la atención a estos 500 menores migrantes que debería acoger Castilla-La Mancha en el reparto acordado por el Gobierno tiene un coste que ha cifrado en más de 26 millones de euros anuales. «Y la financiación prevista por parte del Gobierno es cero para Castilla-La Mancha», ha abundado.

Con todo, ha señalado que el Gobierno regional decide también recurrir este decreto en base a un informe del Consejo Consultivo que responde al requerimiento hecho por la Consejera de Bienestar Social para que este órgano se pronunciara, y que señala que hay «un flagrante quebranto» del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.

A ello añade que el Consultivo apunta que hay una posible «invasión de competencias» exclusivas de la Comunidad Autónoma en materia de atención de menores en este decreto, puesto que ya están recogidas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

«El informe señala que no existía la necesidad de establecer una norma excepcional como un decreto que dejara fuera la opinión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la conferencia sectorial. Además, dice que no debía haberse hecho por un decreto ley, porque estamos hablando de derechos fundamentales y es ámbito de una ley orgánica», ha añadido Padilla.

A ello ha añadido que incide, además, en que el decreto «no busca la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en materia de asistencia y protección. Más bien, se busca sustituir el problema». «Es un problema de España, de la Unión Europea y, con este decreto, lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución», ha agregado Padilla.

La consejera ha querido dejar claro en su comparecencia que Castilla-La Mancha no presenta este recurso para no atender a los menores, sino para que se garanticen los recursos necesarios para atenderlos con dignidad. «Y la prueba es que ya lo venimos haciendo porque hemos cumplido y cumplimos con todos los menores que vienen a Castilla-La Mancha o que son de Castilla-La Mancha y necesitan de nuestra tutela».

En concreto, ha apuntado que la región cuenta ya con más de 1.100 niños tutelados de los cuales 550 están acogidos con familias y 560 en plazas del sistema de acogida. «Lo que ha establecido el gobierno es que además de esos 1.100 niños que ya atendemos, atendamos a 500 porque dicen que tenemos más capacidad, pero nuestros centros están a una ocupación del 96,5 por ciento».

Es por ello por lo que ha defendido que no se puede establecer la capacidad de acogida de una comunidad autónoma en función del número de habitantes y ha reiterado que hay que tener los recursos suficientes.

«Si Castilla-La Mancha dice sin más sí a ese decreto y empiezan a venir niños y niñas ¿dónde los metemos?, porque los recursos nuestros están al 96,5 por ciento. ¿Qué plantean, que habilitemos un hangar como ya propusieron en otra ocasión? Es que nosotros no creemos en ese modelo», ha argumentado Padilla.