Aprobado la distribución de 68 millones de euros a las CCAA para ampliar la atención bucodental en 2025

MADRID/TOLEDO 18 Sep. –

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este jueves la distribución de 68.058.000 euros entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en 2025.

«Desde el Ministerio de Sanidad tenemos muy claro que la salud bucodental no puede depender de las condiciones socioeconómicas ni del bolsillo de las familias. Es una cuestión de salud, de equidad y de justicia social», ha manifestado la ministra de Sanidad, Mónica García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta dotación económica se enmarca en la estrategia de reforzamiento de los servicios públicos de salud bucodental y da continuidad a las acciones iniciadas tras la aprobación, en diciembre de 2021, de la ampliación de la cartera común de servicios del SNS en esta área. Desde entonces, se han destinado más de 180 millones de euros para su implementación progresiva.

El plan de ampliación tiene un enfoque eminentemente preventivo, priorizando grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, los colectivos cubiertos incluían a la población de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y personas diagnosticadas de cáncer en el territorio cervicofacial.

Como novedad para el ejercicio 2025, se incorpora por primera vez la atención específica a las personas mayores de 65 años, colectivo que Sanidad asegura que cuenta con escasa cobertura pública hasta la fecha y alta prevalencia de enfermedades periodontales asociadas a enfermedades crónicas. Para ello, se ha reservado un 10 por ciento del total del fondo.

«Por primera vez la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud incorpora de manera prioritaria a la población que es mayor de 65 años, que hasta ahora tenía una cobertura muy limitada. Este colectivo presenta también una alta prevalencia de enfermedades periodontales y otras patologías que están asociadas a otras enfermedades crónicas. La salud bucodental entendemos que tampoco se jubila», ha resaltado la ministra.

El 90 por ciento del presupuesto restante se destinará a consolidar la atención a los colectivos ya priorizados, con criterios de reparto basados en datos demográficos actualizados del INE, incidencias clínicas y prevalencia de discapacidad.

Asimismo, Sanidad ha informado de que las comunidades autónomas podrán destinar los fondos a la contratación de personal; adquisición de equipamiento; mejora de infraestructuras, y otros gastos necesarios para implementar los servicios. Las medidas deben ejecutarse en un plazo máximo de tres años desde la transferencia efectiva de los fondos, estableciéndose un control estricto de los compromisos de gasto, cuya primera fase deberá estar completada antes del 31 de diciembre de 2025.

Además, se establece un sistema de seguimiento y justificación por parte de las comunidades autónomas e Ingesa, incluyendo la remisión de planes de ejecución, cronogramas, memorias de actividad y resultados.