Analizan la caída del 7% en el índice de incidencia de accidentes laborales en C-LM en el primer trimestre del año

TOLEDO 12 May. –

La Comisión Especializada de Prevención de Riesgos Laborales, enmarcada en el Consejo de Diálogo Social, ha celebrado una nueva reunión en la que se han analizado los datos de accidentes laborales de los tres primeros meses del año, valorando el descenso del siete por ciento en el índice de incidencia en este periodo con respecto al primer trimestre del año anterior.

La reunión, presidida por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral, Nuria Chust, ha valorado la evolución del primer trimestre del año en curso, en comparación con idéntico periodo del año 2024. La reducción del índice de incidencia del conjunto de personas trabajadoras de la región se sitúa en el 7,0 por ciento, siendo este descenso algo superior para el colectivo de trabajadores asalariados, en particular del 7,2 por ciento.

Durante el primer trimestre del año se han producido tres accidentes mortales por patologías no traumáticas, dos por razones de tráfico y uno con origen en condiciones materiales del lugar de trabajo. Esta cifra, de seis accidentes mortales, todos ellos de personal asalariado, es inferior a la del primer trimestre de 2024, en el que se produjeron ocho accidentes de esta gravedad.

A continuación, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, Juan Díaz, ha referido la actuación inspectora en materia de seguridad y salud laboral del primer trimestre, periodo en el que el número de actuaciones inspectoras se ha situado en 7.683, en las que se enmarca la realización de 1.645 visitas y de las que se han derivado un total de 3.177 requerimientos de subsanación, valor este último que representa un aumento del once por ciento respecto al primer trimestre del año anterior, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, de manera específica, ha detallado algunas de las campañas puestas en marcha en el presente año, como la relacionada con maquinaria agrícola, en especial en lo relativo a aspectos de prevención del vuelco de tractores y formación preventiva relacionada; así como otras campañas que han estado dirigidas en la seguridad en almazaras, el riesgo psicosocial en la administración local, el trabajo de menores y la perspectiva de género.

En el marco de la programación anual 2025 de jornadas técnicas y divulgativas del Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha, 2022-2026, se ha celebrado una jornada técnica sobre ‘Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto’.

Nuria Chust y Juan Díaz inauguraron la jornada, a la que han asistido en torno a 160 profesionales vinculados a este tipo de trabajo, pertenecientes, entre otras, a empresas especializadas, servicios de prevención ajenos, agentes sociales y personal técnico e inspector de las administraciones relacionadas con esta actividad.

La simplificación administrativa en la elaboración y tramitación de planes de trabajo ha sido el tema expuesto por Javier de la Cruz, coordinador regional de Seguridad y Salud Laboral. A través del detalle de un decálogo de buenas prácticas administrativas, ha profundizado en las ventajas que, tanto para empresas y personas trabajadoras como para las administraciones vinculadas, se derivada de un adecuado tratamiento en la gestión de los planes de trabajo, orientado a la optimización de los procedimientos de trabajo y, en último término, a la protección de las personas trabajadoras, aspecto básico en la gestión del riesgo por exposición a este agente cancerígeno.

Además, en la jornada se ha esbozado un conjunto de aspectos de mejora en el contenido técnico de los planes de trabajo, sobre la base de la tramitación de dichos planes realizada por el personal técnico y administrativo de los Servicios de Seguridad y Salud Laboral de las Delegaciones Provinciales. Por último, se han expuesto situaciones reales identificadas en visitas de control y seguimiento, incidiendo en las medidas correctoras que han de aplicarse ante incumplimientos de lo señalado en el plan de trabajo aprobado.