Albacete, Ciudad Real y Chiloeches, entre los municipios que impiden a personas con VIH trabajar como taxistas

MADRID/TOLEDO 30 Jul. –

Medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas presentan barreras normativas que impiden a las personas con VIH trabajar como taxistas. Entre los municipios figuran Albacete, Ciudad Real y Chiloeches, así como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia o Las Palmas de Gran Canaria.

Así se desprende del informe realizado por la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por los sindicatos CCOO, UGT y las organizaciones Cesida y FELGTBI+, realizada tras la actuación iniciada por el Defensor del Pueblo en doce ayuntamientos murcianos y ha reclamado la revisión urgente de cláusulas que todavía exigen «no padecer enfermedad infectocontagiosa» para ejercer esta profesión.

Para la Comisión VIH y Trabajo, la intervención del Defensor del Pueblo supone un paso «importante en la defensa de la igualdad de trato y en la eliminación de obstáculos normativos que nunca debieron mantenerse vigentes».

A raíz de esta situación, reclama que esta revisión se extienda a todos los municipios del territorio español en los que aún existan leyes, ordenanzas, reglamentos, bases de convocatoria o trámites administrativos que incluyan cláusulas genéricas como la de «no padecer enfermedad infectocontagiosa» para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.

La permanencia de estas formulaciones no solo resulta «anacrónica», sino que consideran que puede traducirse en exclusión, disuasión y vulneración de derechos para las personas con VIH, según las organizaciones. Como alternativa, se propone una redacción adecuada a la aptitud efectiva para ejercer el trabajo: «Certificado médico oficial firmado y sellado por el facultativo, acreditativo de que el interesado/a no padece impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión de taxista».

Por todo ello, la Comisión de VIH y Trabajo insta a las administraciones locales, autonómicas y estatales a actualizar de manera urgente toda ley, ordenanza, reglamento o procedimiento administrativo que atente contra los derechos laborales y la igualdad de oportunidades de las personas que viven con VIH.

En su opinión, «ninguna persona debería ver limitado su acceso al empleo o a una licencia pública por cláusulas genéricas que no responden ni a la evidencia científica ni a los principios de no discriminación». Asimismo, la Comisión de VIH y Trabajo solicita que la revisión normativa no se limite al sector del taxi. A su juicio, la eliminación de barreras legales y administrativas debe formar parte de una política pública coherente con el derecho al trabajo, la protección de la salud pública basada en la evidencia y el compromiso institucional con la no discriminación asociada al VIH.

Combatir «el estigma», según la Comisión, también implica revisar y corregir aquellas normas que, aunque formuladas de manera aparentemente neutra, siguen teniendo efectos excluyentes. La Comisión de VIH y Trabajo reafirma «su disposición a colaborar con las administraciones competentes para identificar, revisar y modificar estas disposiciones, con el objetivo de garantizar entornos laborales y marcos normativos inclusivos, actualizados y respetuosos con los derechos humanos».

Canarias es la comunidad con más municipios identificados según la información revisada por la Comisión de VIH y Trabajo y se han detectado estas barreras normativas en Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, El Tanque, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Icod de los Vinos, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria, Los Realejos, San Bartolomé, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santiago del Teide, Teguise y Yaiza.

En Murcia se han detectado en Abarán, Albudeite, Alcantarilla, Blanca, Caravaca de la Cruz, Cehegín, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Torre Pacheco y Totana y en Andalucía en Alcalá de Guadaíra, Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Motril y Sevilla.

Asimismo, en la Comunidad de Madrid se han detectado Alcalá de Henares, Madrid y Orusco de Tajuña; en Castilla y León en El Arenal y León; en Extremadura en Badajoz y Cáceres.