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Publicado 18 Feb 2026 21:14
La Asociación de Afectados del Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC) ha recibido este miércoles a una delegación del Parlamento europeo, a la que ha acompañado durante un recorrido por distintas zonas del Parque Nacional de Cabañeros con el objetivo de mostrar de primera mano el «deterioro progresivo» que, a su juicio, está provocando la superpoblación de ungulados.
Durante la visita, los eurodiputados han podido comprobar la diferencia entre las áreas donde se ha restringido el acceso de fauna y aquellas en las que existe sobrepoblación. En estas últimas, la Asociación ha señalado que se ha evidenciado un notable deterioro del hábitat tras cinco años sin acuerdos efectivos para el control poblacional mediante la caza.
El portavoz de la Asociación de Afectados, Rafael Sánchez, ha valorado el reciente acuerdo firmado para comenzar a gestionar las poblaciones, aunque ha lamentado el retraso acumulado. «Estamos esperanzados por el acuerdo que acabamos de firmar para poder empezar a gestionar y bajar las densidades de población a niveles que por lo menos no empeoren la situación, pero también decepcionados por los años que hemos perdido, que han ocasionado lo que estáis viendo».
Sánchez ha explicado que actualmente se ha estimado que la población de ungulados se sitúa por encima de cinco veces el límite considerado óptimo. Según ha detallado, será necesario realizar un esfuerzo muy significativo durante años y reducir las densidades incluso por debajo de los niveles que el propio parque ha considerado adecuados para revertir la situación, ha informado la Asociación en un comunicado.
El origen del bloqueo se sitúa en el 5 de diciembre de 2020, fecha en la que expiró la moratoria prevista en la Ley de Parques Nacionales que permitía el control poblacional. Desde entonces, los propietarios no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas.
Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio -el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero-, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.
Durante la visita, el director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Javier Pantoja, ha puesto en valor el acuerdo de colaboración firmado el pasado mes de diciembre entre la finca Cabañeros (6.300 hectáreas), la mayor de las propiedades privadas del parque, y las administraciones regional y central.
Según ha explicado, «es importante no solo por el control de población, sino porque es un acuerdo de gestión de la parte privada del Parque Nacional y se prevén control de poblaciones, seguimiento de especies emblemáticas, control de ecosistemas vulnerables* Es decir, son un conjunto de medidas a nivel holístico con el objetivo de proteger los principales valores del parque».
En la visita también ha participado el catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha, Cristian Gortázar, quien ha advertido de que la superabundancia de ungulados ha generado dos efectos principales.
Por un lado, se ha producido una pérdida grave de biodiversidad, tanto vegetal como animal, al verse desplazadas otras especies en zonas dominadas por rumiantes silvestres y jabalíes. Por otro, ha mostrado especial preocupación por la proliferación de algunas enfermedades «Particularmente ahora nos preocupa bastante la proliferación de garrapatas, que a su vez está asociada a la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Es una enfermedad emergente que está surgiendo y creciendo en la España mediterránea, muy asociada a situaciones de sobreabundancia».
La delegación parlamentaria ha estado compuesta por diez eurodiputados (cinco miembros y cinco acompañantes) y ha estado encabezada por Bogdan Rzonca, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, quien ha agradecido la invitación y ha señalado que las razonas de los propietarios de los terrenos para poder explotarlos «se tendrán en cuenta a la hora de abordar este tema en el Parlamento».
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