Talavera propone subir a 5 kilómetros la distancia mínima a las ciudades para la instalación de plantas de biometano

TOLEDO 24 Ago. –

El portavoz del equipo de Gobierno en Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha avanzado que en Junta de Gobierno se ha aprobado la presentación de las alegaciones por parte del Ayuntamiento al proyecto de decreto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que establece las condiciones para la gestión de residuos orgánicos mediante su transformación en biometano, como se acordó en el pasado Pleno Extraordinario.

El Ayuntamiento plantea diez modificaciones al texto con el objetivo de «reforzar las garantías ambientales, urbanísticas y de salubridad y preservar las competencias de las administraciones locales», informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

Entre las principales propuestas se encuentra el incremento de dos a cinco kilómetros de la distancia mínima obligatoria de este tipo de instalaciones respecto de suelos residenciales, urbanos e industriales.

Asimismo, se reclama una aplicación estricta del principio sectorial de proximidad, restringiendo logísticamente la entrada de residuos y estableciendo un ámbito máximo inferior al planteado inicialmente por la Junta de Comunidades.

A ello se suma la propuesta de fijar un límite absoluto de 50 kilómetros para el cien por cien de los insumos de las plantas, con el fin de evitar que estas instalaciones dependan de residuos procedentes de largas distancias.

El Ayuntamiento también solicita la prohibición expresa de importar o introducir en el circuito regional sustratos procedentes de otras comunidades autónomas, así como que exista una correspondencia directa entre la capacidad de generación de residuos y el dimensionamiento técnico de las plantas.

Otra de las reclamaciones fundamentales pasa por mantener en el órgano ambiental autonómico las competencias técnicas de validación e instrucción, evitando trasladar a los municipios responsabilidades o cargas de gestión que no les corresponden.

Igualmente, el Ayuntamiento propone la supresión o acotación tasada del régimen de excepcionalidad previsto para las inversiones estratégicas, con el objetivo de impedir que esta vía pueda utilizarse para neutralizar las competencias municipales de control urbanístico y ambiental.

RECURSO DE ALZADA

Del mismo modo, también se ha dado luz verde a autorizar al alcalde a presentar un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental, de fecha 24 de julio de 2026, relativa a la autorización ambiental integrada, en cumplimiento de una de las enmiendas que también fueron aprobadas en el último Pleno Extraordinario. García-Barroso ha explicado que el recurso se fundamenta en cinco motivos.

El primero plantea la posible nulidad por infracción de la reciente reforma de la Ley 2/2002 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. También se argumenta que no se han respetado adecuadamente los derechos vinculados a la autonomía local de las administraciones directamente afectadas por el expediente, con especial referencia al municipio de Cazalegas, solicitando la adecuación y retroacción del procedimiento para garantizar su correcta tramitación.

El recurso recoge además la existencia de una incompatibilidad urbanística sobrevenida, después del inicio formal de la modificación puntual del Plan de Ordenación Municipal acordado el pasado 7 de agosto.